Alaya cerca a Susana Díaz

Las elecciones del pasado domingo apenas han supuesto una tregua en las operaciones contra la corrupción en Andalucía. Al contrario que en otras ocasiones, cuando la jueza Mercedes Alaya dictó autos en momentos cruciales de la campaña electoral y la vida política, en esta ocasión la magistrada había desaparecido de la vida política, ocupada tal vez en tramitar su ascenso a la Audiencia provincial y a la sección que resuelve precisamente los recursos del caso ERE. Sin embargo, dos días después de conocerse la victoria del PSOE-A, ha vuelto a la carga con un golpe a la línea de flotación de la mismísima presidenta Susana Díaz a través de varios de sus cargos públicos, poniendo en entredicho su discurso de lucha contra la corrupción.

La operación Barrado, que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación, fue desplegada desde primera hora de ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se saldó con 16 detenidos en todas las provincias andaluzas; entre ellos, los delegados provinciales de la Consejería de Empleo Aurora Cosano (Sevilla) y Eduardo Muñoz (Huelva). Ambos fueron destituidos inmediatamente porque, aunque el Ejecutivo «confía en que son personas honestas e íntegras», es necesario, según la Junta, «actuar de manera implacable para preservar el buen nombre» de la institución.

Junto a ellos fueron arrestados siete directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), alguno de ellos implicado ya en el caso ERE, y cuatro exdirectores generales de Empleo. Entre estos se halla la cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, reciclado en empresario de cursos de formación e imputado ya en esta causa desde el pasado verano. La Guardia Civil sostiene que habrían cometido delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

En los últimos meses se habían producido varias operaciones policiales por este caso, pero siempre apuntando a los empresarios que se beneficiaron de las ayudas fraudulentas o cometieron irregularidades en la justificación de los fondos recibidos. Pero Alaya ha ido ahora directamente al núcleo político, a los responsables de la Junta que no controlaron ni la gestión de los cursos ni pidieron cuentas a las empresas que recibían las ayudas. La jueza habló en sus autos de «bolsas de fraude» de hasta 950 millones y puso su mira en el SAE y los 85,7 millones transferidos a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un órgano privado que tramitaba las subvenciones sin obligación de justificarlas.