Alaya se aleja de los ERE

Se encuentran por los pasillos y ni se miran. La mala relación que la jueza Mercedes Alaya mantiene con la nueva titular de su juzgado y un pulso por celos profesionales han provocado un conflicto sin precedentes que dificulta que sea ella quien ponga la guinda a la instrucción del 'caso ERE' con la toma de declaración a lo que consideró "la pirámide" de la responsabilidad política del fraude: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Autodefinida como la "jueza incansable", Alaya rechazó durante años a cualquier compañero de refuerzo. Solo ella podría poner contra las cuerdas la gestión de las políticas de empleo de la Junta de Andalucía, y por extensión del PSOE andaluz. Y en sus autos apuntó en numerosas ocasiones como últimos responsables del fraude a los máximos dirigentes políticos de la comunidad, unos textos en los que evidenciaba sus ganas de que hicieran el desfile por los juzgados para interrogarles. Su actitud provocó un conflicto jurídico cuando, en septiembre del 2013, dictó un auto invitándoles a personarse en la causa ante la posibilidad de que acabaran implicados. Una suerte de 'preimputación' con efecto sobre todo mediático, dado que hasta un año después no remitió al Supremo la exposición razonada para iniciar las diligencias contra los exmandatarios.

En plena polémica sobre la situación de los aforados, la renuncia de estos al escaño acercó la posibilidad de que Alaya acabase tomándoles declaración si el caso volvía a Sevilla, una posibilidad que aterraba a los altos cargos, que decidieron aferrarse a su aforamiento para evitarlo, caso de José Antonio Viera. Pero en su camino se cruzó un concurso de oposición y la posibilidad de un ascenso. La jueza no dudó en subirse al tren y logró una plaza en la Audiencia Provincial. En sus planes entraba seguir con el 'caso ERE' mediante una comisión de servicio. Entonces apareció María Ángeles Núñez Bolaños, su sustituta y, si se quedaba de refuerzo, su jefa.

CHOQUE DESDE EL PRINCIPIO

Desde el primer momento, Núñez dio señales de que sus tesis, y su talante, estaban muy alejadas de las de Alaya en cuanto a la dirección de la instrucción. Sus primeras decisiones chocaron contra las de su antecesora, y propuso quedarse con las macrocausas aún incipientes reservando a Alaya el 'caso ERE' de forma temporal, hasta que se resolviese la división en cientos de piezas separadas que reclamaban la fiscalía y el Supremo y que la propia Núñez acordó más tarde. El reparto no convenció a Alaya, convencida de que solo ella podría dar el impulso necesario a la causa, según indicó en un escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio en el que no dudó en cuestionar la capacidad de Núñez al provenir de un área tan alejada como el Derecho de familia y a causa de su cercanía con el consejero de Justicia de la Junta, parte personada en la causa. Un escrito que provocó también malestar en el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), que de forma inusual criticó la "actitud poco colaboradora" de Alaya. La relación se ha complicado hasta el punto de que Núñez ha usado la misma estrategia de Alaya y ha remitido un escrito al TSJA informando de que no quiere a su antecesora por allí porque "no necesita ningún juez de apoyo, solo funcionarios".

Desde el CGPJ, que tiene la última palabra en la ordenación del juzgado, la posición en este tema es de máxima prudencia, y se ha preferido dejar el peso de la decisión en el TSJA -que tomará esta semana-, dado que tiene más elementos para valorar la situación. No obstante, fuentes del CGPJ opinan que en situaciones de conflicto de competencias entre jueces, la tesis que debe imponerse es la de que el titular del juzgado es "quien manda".

Las fuentes consultadas entienden que si hay un juez de refuerzo en comisión de servicio y la relación entre este y el titular es mala, "lo lógico" sería que el alto tribunal andaluz proponga que no se apruebe la comisión de servicio para no tensar aún más la cuerda y evitar nuevos episodios que, como reconocía hace dos semanas el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, acaban perjudicando a la imagen de la justicia.