La encomiable aceptación con que decenas de miles de ciudadanos, más de 81.000 en estos momentos, asumen que los recursos destinados por la Generalitat a la sanidad pública catalana no alcanzan para operar el fallo orgánico o la dolorosa lesión que sufren desde hace meses, o años, evita que todos los días se produzcan actos de protesta en los hospitales públicos. Esas personas, principales afectadas del mayor recorte presupuestario sufrido en la sanidad pública de las comunidades españolas, difícilmente figurarán en la agenda parlamentaria. Su sufrimiento no trasciende. Los pacientes lo ven como algo inevitable.

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Información publicada en la página 4 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 25 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La inclusión de un enfermo en las listas de espera quirúrgica oficiales se produce tras una sucesión de visitas médicas y pruebas diagnósticas que certifican que la operación que se propone es necesaria. Aunque la urgencia y gravedad de cada proceso es distinta, nadie está en lista de espera si no lo necesita.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha integrado esas demoras y alude a ellas como si de una fatalidad irremediable se tratara, repitiendo que el presupuesto es escaso por causa ajena, y recordando que los hospitales revisan periódicamente el grado de sufrimiento que la espera causa en cada enfermo, para acelerar la cita de los que están peor. «Si esto no se hiciera bien, habría aumentado la cirugía de urgencias, y no ha sido así», dijo recientemente Ruiz.

La penuria con la que se trabaja en los hospitales y ambulatorios (los cuales mantienen su calidad asistencial gracias al esfuerzo no pagado de médicos y enfermeras) no podrá sostenerse mucho tiempo, advierten los responsables de los servicios, que no esperan que el debate político aporte soluciones. De hecho, no esperan que se hable de ellos hoy en el Parlament. La sanidad pública catalana se sostiene gracias a la inercia de una estructura funcional sólida de origen que, si no se la nutre y renueva -se acabó la actualización de la tecnología diagnóstica-, desfallecerá antes de que acabe la próxima legislatura. Muchos ciudadanos temen que se trate de un valor en extinción.