Nuevo desencuentro entre el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional tras la decisión del juez Santiago Pedraz de declararse incompetente para interrogar a los 35 detenidos en las manifestaciones del 25-S en Madrid. Los arrestados pasaron a disposición de los juzgados de plaza Castilla acusados de delitos menores. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, sostenían que los detenidos habían cometido delitos «contra organismos de la nación» que debían ser perseguidos en la Audiencia.

El dueño de un bar madrileño discute con un policía al que negó el acceso a su local, el pasado martes. AP / DANIEL OCHOA

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Información publicada en la página 22 de la sección de Política de la edición impresa del día 28 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El juez Pedraz puso fin a esta intentona después de recibir un escrito firmado por el comisario jefe de la brigada provincial de información en el que le comunicaba la detención de 35 personas por los delitos de atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos. El magistrado instó a la policía a trasladar a los arrestados a los juzgados ordinarios porque ninguna de las imputaciones, subrayó, «es competencia» de la Audiencia Nacional.

Fuentes de este tribunal expresaron su malestar por la actuación de Interior, ya que no entendieron que se atribuyera a los arrestados un delito contra un organismo de la nación cuando habían sido detenidos en las inmediaciones del Congreso y la manifestación no había entorpecido ni alterado los trabajos de la Cámara baja. Asimismo, tampoco se mostraron dispuestos a interrogar a cinco arrestados a los que la policía pretendía imputar este delito por haber tirado unas vallas.

DECLARACIONES / Finalmente, los 35 detenidos fueron puestos a disposición del juzgado número 8 de plaza Castilla. Anoche quedaron todos en libertad, menos uno, al que se le puso una fianza de mil euros, y otro que pasó a disposición del tribunal de menores. Están acusados de atentado y desórdenes públicos.

Las relaciones entre la Audiencia Nacional e Interior no pasan por su mejor momento después de que este ministerio retirara de un día para otro los escoltas y los coches oficiales a los jueces y fiscales del tribunal en junio. Además, los magistrados lamentan los errores en que ha incurrido Fernández Díaz al informar, por ejemplo, de la detención de un etarra antes de que fuera arrestado en Francia o al ofrecer datos de la comisión rogatoria sobre la operación que se saldó con la detención de tres miembros del GRAPO implicados en el secuestro del empresario Publio Cordón cuando el sumario era secreto.

Asimismo, el Gobierno ha tenido que esperar casi un mes a que la Audiencia avalara su decisión de excarcelar al etarra enfermo Iosu Uribetxeberria ante la posición del fiscal, que rechazó que el terrorista se estuviera muriendo.