El juez del 'caso Millet' estima que hay indicios de delito en los pagos a CDC

El juez Juli Solaz ha acordado abrir una pieza de investigación separada, como han reclamado la fiscalía, sobre las presuntas comisiones canalizadas por la constructora Ferrovial a Convergència Demoràtica de Catalunya (CDC) a través del Palau de la Música en la época en que esta entidad cultural estaba presidida por Fèlix Millet y supuestamente a cambio de la adjudicación de obra pública.

En el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado destaca que del informe pericial de Hacienda “existen indicios” de que se hayan podido producir “actos delictivos” en el que "únicamente hayan participado un núcleo reducido” de los ahora imputados, así como terceras personas, que no concreta y que por ahora no han sido investigadas.

Sin embargo, el magistrado no se ha pronunciado sobre las imputaciones solicitadas por la fiscalía, entre ellas las del hasta hace poco responsable de finanzas o tesorero del partido nacionalista, Daniel Osàcar, y al secretario del area de inmigración convergente Àngel Colom, que utilizó dinero donado por Millet para pagar deudas del extinto Partit per la Independència (PI). En este sentido, requiere a la fiscalía para que “en la mayor brevedad posible” concrete las personas que ya están imputadas en la pieza principal (la del saqueo) que han de tener la misma condición en la investigación que ahora se inicia. En cambio, no se refiere a nuevas imputaciones, como sería el caso de Osàcar y Colom.

El juez, además, también solicita a la fiscalía que concrete las entidades que estime han podido resultar perjudicadas por los nuevos actos delictivos. En las nuevas diligencias solo se ha incluido, por ahora, una parte del informe de la Agencia Tributaria sobre el saqueo del Palau de la Música.

Intermediario de una trama

Esta investigación, que ahora se desgaja del saqueo confeso perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, se basa en un informe de la Agencia Tributaria que constató que CDC cobró, a través del Palau, supuestos pagos de constructoras a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol. En el escrito presentado el pasado noviembre, la fiscalía sostenía que hay suficientes evidencias que demuestran que Millet, además de saqueador confeso del Palau en beneficio propio, era el intermediario de una trama por la que CDC recibía pagos de Ferrovial.

El tesorero de CDC, según la acusación, podría haber sido el destinataria de pagos derivados de la adjudicación de la línea L-9 del metro, de la construcción de la Ciutat de la Justícia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, de un pabellón polideportivo de Sant Cugat del Vallès (municipio gobernado también por CiU) y de unas obras adjudicadas por la empresa pública Regs de Catalunya. Bajo el epígrafe "Entregado a Daniel", Millet anotó el pago de 1,7 millones de euros. Bajo el epígrafe C.Torrent, tal vez Carles Torrent, el ya fallecido antecesor de Osàcar, detalló el envío de 571.000 euros.

Servicios al partido

La trama --sostiene la fiscalía-- había articulado "diversas maneras" para conseguir que "una parte de los fondos recibidos de Ferrovial [por Millet], todos en apariencia para fines culturales del Palau, se destinaban en realidad a pagos de comisiones ilícitas relacionadas con la adjudicación de obra pública". Por una parte, sostiene la acusación, se realizaban "retiradas en efectivo o en talones al portador cuyo destino no se hacía constar en ningún sitio". "Los indicios obtenidos apuntan que el dinero se entregaba a determinadas personas que pudieran estar vinculadas a las finanzas de una formación política", añade.

Otra fórmula de financiación denunciada por la fiscalía consistía en pagar desde el Palau a empresas que prestaban servicios en realidad para Convergència, como Altraforma, Hispart SA, New Letter Market Directo y Letter Graphic SL. La tercera fórmula detectada por la acusación, una vez analizado el informe elaborado por peritos de Hacienda, es la batería de acuerdos que el Palau de la Música suscribió con la Fundación Ramon Trias Fargas (vinculada a CDC) "que se vestían como convenios de colaboración cultural, cuando no se ha acreditado que dicha fundación desarrollara ninguna actividad en tal sentido".

Cambio de actitud

En el auto, el juez detalla en cambio de actitud que se ha producido en los últimos días respecto a la acusación ejercida por el Consorci del Palau de la Música, una entidad en la que figura la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. En noviembre, el consorcio solicitó la apertura de la pieza separada y las imputaciones de Osàcar y Colom, y esta semana, y tras el relevo en el gobierno de la Generalitat, dio marcha atrás. El pasado lunes se opuso a la pieza separada y, al día siguiente, rectificó y solo rechazo la posibilidad de nuevas imputaciones. El magistrado también recrimina, en parte, la posición de la fiscalia, que reclamó que también se investigara en la pieza separada fondos que salieron en metálico desde el Palau.

A juicio del juez, “es evidente que existe en este momento procesal una completa desorientación por parte de las acusaciones personadas que en nada facilitan la investigación de los hechos objeto del presente procedimiento y que tal desorientación, cambios de criterio, negación de algunos perjuidicados de que se investiguen determinados hechos obedece a motivos completamente ajenos al ambito jurídico”.