Bozal sostuvo que la consulta de Arenys desestabilizaba España

Pilar Fernández Bozal,consellerade Justícia del primer Gobierno de Artur Mas, redactó personalmente en octubre del 2009 como mínimo dos de los recursos que la Abogacía General del Estado en Catalunya presentó contra la consulta independentista que Arenys de Munt (Maresme) celebró el 13 de septiembre de aquel año y que Convergència respaldó sin cortapisas. Fue un episodio bien extraño. El primer letrado que representó al Estado ante los tribunales resultó ser un excandidato falangista, Jorge Buxadé. Era uno de los abogados entonces a las órdenes de Fernández Bozal. Cuando este se retiró a un segundo plano, la hoyconsellerafirmó al menos dos recursos que, releídos ahora, sorprenden no solo por los argumentos expuestos, sino también por las formas. En resumen, Fernández Bozal sostenía que Arenys de Munt ponía en peligro «la estabilidad política y social» de España al ceder sus locales para llevar a cabo el referendo, una decisión municipal que equiparaba a la de los ayuntamientos vascos que permiten instalar las capillas ardientes de terroristas de ETA en edificios consistoriales.

«Estimamos que plantear una consulta popular en términos que afectan a la integridad territorial del Estado y a la soberanía nacional sí que es una cuestión que atañe al interés general, generando un perjuicio para la estabilidad social y política». Es uno de los párrafos en los que Fernández Bozal argumentaba la urgencia de impedir consultas como la de la localidad del Maresme, que en los meses siguientes se reproducirían en otros puntos de Catalunya.

«INTEGRIDAD TERRITORIAL» / Los ayuntamientos, al facilitar las consultas, excedían los límites de sus competencias, proseguía, porque se trataba de «un asunto de especial relevancia, no para los vecinos de un municipio concreto, sino de todo el Estado español, por comprometer la integridad del territorio nacional».

Recién nombradaconsellera, Fernández Bozal ha insistido en restar trascendencia política a las actuaciones que tuvo que impulsar cuando era jefa de los abogados del Estado en Catalunya. Sin embargo, el simple hecho de que se siente en la mesa del Consell Executiu conconsellersque se declaran abiertamente independentistas invita a examinar con lupa los argumentos jurídicos que suscribía hace menos de dos años.

Los detalles son variados. Uno siempre llamativo es el modo en que se refería al Ejecutivo central. «Tanto si la calificamos de referendo como si la calificamos de mera consulta popular municipal es necesaria la autorización del Gobierno de la nación», subrayaba la abogada del Estado. El apellido que le concede al Gobierno, «de la nación», parece especialmente provocador sobre todo porque el apelativo que de forma oficial utiliza el Ejecutivo central es «Gobierno de España».

Más allá de ese detalle terminológico, lo interesante de los escritos firmados por Fernández Bozal es la arquitectura sobre la que sustenta la tesis de que el Ayuntamiento de Arenys de Munt estaba intentando burlar la ley al defender que el consistorio no organizaba un referendo, sino que simplemente prestaba sus locales como lo hace a menudo a organizaciones de carácter apolítico.

SENTENCIAS EN EUSKADI / Para situar los límites de las competencias municipales, Fernández Bozal repescó dos sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En una, se condenaba a un municipio por «la cesión de las dependencias municipales para instalar la capilla ardiente» de un etarra que falleció al hacer explosión un bomba que transportaba en un vehículo en compañía de otros miembros de la banda. El otro caso con el que la consellera comparó los supuestos excesos competenciales de Arenys de Munt es el del Ayuntamiento de Gatika (Vizcaya), que imprimió carteles en los que se solicitaba el traslado de los presos etarras a cárceles de Euskadi.

La conclusión era que Arenys de Munt sobrepasó los límites de la libertad de expresión.