El Gobierno jaleó el 'caso Couso' pero luego maniobró para cerrarlo

Los mismos dirigentes socialistas que usaron de bandera contra la guerra de Irak la muerte del cámara de Tele 5 José Couso a manos de soldados estadounidenses colaboraron activamente después con el Ejecutivo de ese país para frenar los intentos de los justicia española de hacerse con el caso. Eso es lo que revelan algunos de los miles de cables que la embajada norteamericana en España remitió a su Gobierno tras mantener encuentros con fiscales y altos cargos del Ejecutivo español, y que Wikileaks ha filtrado a El País. Javier Couso, el hermano del fallecido, tras conocer su revelador contenido, ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra el Gobierno y los fiscales. También asegura haberse sentido traicionado por los dirigentes que les habían alentado.

SECRETISMO

«El Gobierno trabaja entre bastidores»

La familia de José Couso presentó una querella por la muerte del cámara de Tele 5 en mayo del 2003. Desde entonces, los diplomáticos norteamericanos comenzaron a presionar al Gobierno español para cerrar este caso. Días antes de la visita oficial de la entonces secretaria de Estado norteamericana, Condolezza Rice, el 1 de junio del 2007, el embajador le remitió un cable con el siguiente mensaje: «El Gobierno de España» ha «ayudado entre bastidores a que la fiscalía» apelara a las decisiones del juez. Y le recomendaba que en su reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le hiciera notar «la constante preocupación» del Gobierno de Estados Unidos por este proceso.

En el 2005, el juez Santiago Pedraz había dictado orden de detención contra tres militares norteamericanos. Tras esta decisión, los ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, llamaron a la legación norteamericana. Moratinos le comentó que Fernández de la Vega estaba «implicada en el tema» y que «si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución». Tras estas conversaciones, el canciller escribió: «Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención». La fiscalía recurrió la orden de Pedraz y la Audiencia Nacional archivó el caso en marzo del 2006. Poco después, Fernández de la Vega se reunió con Aguirre y le comunicó que Conde-Pumpido le había informado de la «excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada para concluir el caso».

REVÉS JUDICIAL

«El fiscal hace lo que puede para cerrarlo»

El Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional en diciembre del 2006 que reabriera el caso tras un recurso de la familia Couso. Pedraz pidió entonces información a la legación norteamericana y el fiscal del Estado sugirió al canciller que contestara al magistrado de forma «superficial». También le anticipó que «el asunto no iba a llegar a ninguna parte». En abril del 2007, el juez de la Audiencia Nacional procesó a los militares norteamericanos. La decisión fue recurrida por el fiscal Zaragoza, quien informó a la embajada de que, aunque compadecía a la familia Couso, había concluido que la muerte del cámara no fue intencionada. Por su parte, Conde-Pumpido explicó al embajador en julio del 2007 que «continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado, a pesar de la presión de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa».

La Audiencia anuló el procesamiento en el 2008, pero Pedraz lo repitió y fue nuevamente recurrido por la fiscalía. La Audiencia archivó el caso en el 2009. El fiscal Zaragoza y el presidente de la sala penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, comunicaron la decisión a la embajada. El Tribunal Supremo ordenó la reapertura del caso el pasado mes de julio.

GUANTÁNAMO

Zaragoza se propuso apartar a Garzón

Desde la primavera del 2009, los esfuerzos de la embajada de Estados Unidos se centraron en abortar la querella presentada por un grupo de abogados contra seis excolaboradores del expresidente George Bush y la presentada por cuatro internos de Guantánamo.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, fue el interlocutor de la legación norteamericana. El 28 de marzo de ese año, la prensa informó de la intención del juez Baltasar Garzón de admitir las demandas. El 31 de marzo, los diplomáticos norteamericanos hablaron con Moratinos para informarle de que consideraban que eran «un problema muy serio» la apertura de esta investigación.

Después, altos cargos de la legación acudieron al despacho de Zaragoza quien les dijo que «él decidiría si había que abrir una causa criminal». También les comentó que la «querella está bien documentada» y les anunció que no le quedaba otra opción que abrir el caso, pero que «propondría que la causa no fuera asignada a Garzón».

LA DESCALIFICACIÓN

«El juez es una máquina de hacer titulares»

Zaragoza aconsejó al Gobierno de EEUU que abriera su propia investigación porque entonces España no podría reclamar la jurisdicción universal. En estos encuentros el fiscal jefe les comentó que pensaba que la imparcialidad de Garzón «está bajo sospecha, dadas sus críticas públicas a Guantánamo y la guerra de Irak». En abril del 2007, Garzón movió ficha y Zaragoza comentó a los asesores americanos que había hablado y se había enfrentado con Garzón, y que le había preguntado si con este movimiento «está tratando de aumentar el caché de sus conferencias».

El juez, según esa versión, le contestó, que lo estaba haciendo solo «for the record», de cara a la galería, y que después lo dejaría morir. «Una vez que ha conseguido su titular, Garzón abandonara el asunto», según contó Zaragoza a los diplomáticos. Además, el fiscal jefe les comentó que podía presionar al juez porque durante seis años no había investigado las torturas que le habían denunciado los presos de Guántanamo. La legación norteamericana admitió que iba a ser difícil lidiar con Garzón porque es «una auténtica máquina de hacer titulares».