Conflicto en el Magreb
Una oenegé se querella contra cuatro altos cargos marroquís
Alonso, presidente de la oenegé, muestra la querella presentada.
Por qué confiar en El Periódico El juez Ismael Moreno será el encargado de decidir si admite a trámite la querella presentada ayer por una oenegé contra los ministros de Defensa, Interior y Exteriores de Marruecos y el gobernador de El Aaiún por un delito contra la humanidad por los incidentes del pasado 8 de noviembre en el desmantelamiento de un campo de saharauis en los que perdió la vida un ciudadano español. El fiscal, en principio, es partidario de tramitar la querella aunque puede cambiar de criterio si confirma que Marruecos ya investiga estos hechos, como aseguró ayer en Madrid el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui.
La demanda ha sido presentada por una desconocida liga española proderechos humanos que denuncia que hace unos meses cerca de 20.000 personas, en su mayoría saharauis, fundaron un campamento para «plantear a los marroquís una reivindicación para mejorar sus condiciones de vida».
El pasado 8 de noviembre -indica la querella- la policía marroquí desmanteló este campamento y más de 2.000 personas fueron detenidas, encarceladas y, según su versión, están siendo torturadas. También fallecieron 100 personas, entre ellos el ciudadano español Baby Hamday Buyema, que murió tras ser atropellado por un furgón policial. Este español era ingeniero, estaba casado y tenía dos hijos.
La oenegé considera que la Audiencia Nacional es competente porque tipifica los hechos como delitos contra la humanidad porque, en su opinión, pretenden «acosar y destruir la nación saharaui evitando el acceso a la autodeterminación».
LAS PRUEBAS / En la querella se propone que declare como testigo la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, para que aclare «el conocimiento que tuvo» de estos actos «así como las medidas que va a adoptar». Asimismo, la oenegé pide que se cite a declarar a los tres ministros y al gobernador como imputados y que se acuerde su detención inmediata y prisión provisional.Fuentes fiscales adelantaron ayer que no creen que los hechos denunciados en la querella encajen con un delito de genocidio, aunque dudan sobre si pueden ser de lesa humanidad.
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