LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Hacienda ratifica la implicación de CDC en el 'caso Millet'

Fèlix Millet y CDC se repartieron presuntas comisiones pagadas por la constructora Ferrovial, en una proporción de 37,5% y 62,5%, respectivamente

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J. G. ALBALAT

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Los peritos de la Agencia Tributaria han ratificado hoy ante el juez Juli Solaz, que investiga el saqueo del Palau de la Música, su dictamen en el que concluían que el antiguo equipo directivo de la entidad cultural, encabezado por Fèlix Millet y Jordi Montull, canalizó aportaciones de la constructora Ferrovial para satisfacer «la contraprestación» de obras públicas adjudicadas por los últimos gobiernos de CiU, como la Ciutat de la Justícia y la L-9 del metro. Ese dinero, que correspondería a una comisión del 4%, fue asignado a responsables de las finanzas de Convergència Democràtica (CDC), se ingresó en cuentas de la Fundació Ramon Trias Fargas (hoy CatDem), vinculada con ese partido, y sirvió para pagar a proveedores de dicha fuerza política, como ha adelantado en estos últimos meses EL PERIÓDICO. La cifra presuntamente desviada por esos conceptos desde el 2001 hasta el 2008 asciende a 5,9 millones de euros.

El montante del fraude global (incluida la apropiación de fondos para fines propios) está en discusión: los expertos contratados por la actual dirección del Palau consideran que supera los 30 millones de euros (debe añadirse otros casi cinco del Consorci del Palau de la Música), mientras que los peritos de Hacienda estiman que es de 23 millones. Millet y Montull, que solo han confesado una parte pequeña de la apropiación, han anunciado que están elaborando un dictamen propio.

La ratificación de los peritos de Hacienda, Elena Lasheras y Manuel Cisneros, de sus informes abre la puerta a que el juez acepte la petición de la fiscalía de Barcelona para que el juez Solaz cite a declarar de nuevo como imputado a Millet, Montull y a la hija de este, Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau. No se descarta que el magistrado acuerde incoar un proceso separado por la presunta financiación irregular de CDC, en el que deberían ser interrogados numerosos implicados en las transacciones económicas. En el acto de hoy, los abogados defensores de los implicados (hasta ahora hay una decena de imputados) intentaron desmontar las conclusiones de los funcionarios de la Agencia Tributaria.

Comisiones del 4% en los gobiernos de CiU

Una de las conclusiones del informe pericial, en el que se reafirman los peritos de la Agencia Tributaria, es que la constructora habría pagado comisiones del 4% por la adjudicación de obra pública en los gobiernos de CiU --como la línea 9 o la de La Ciudad de la Justicia-- de los que un 2,5% habrían ido a parar a la formación nacionalista y un 1,5% a los responsables del Palau.

En su declaración ante el juez, los peritos han desglosado hoy cada uno de los pagos que Ferrovial hizo al Palau de la Música y han cuantificado que un 62,5% de esos importes fue a parar a un tal "Daniel" --que el informe apunta podría ser el responsable de finanzas de CDC Daniel Osácar-- y un 37,5% a la entidad musical.

Esos porcentajes corresponden aproximadamente con las proporciones de 2,5% y 1,5% que, según unos documentos personales incautados a los imputados, debían supuestamente repartirse entre CDC y el Palau las comisiones del 4% Ferrovial por cada obra pública.

Relaciones atípicas

Los funcionarios de Hacienda presentaron a finales de julio en el juzgado sus conclusiones, que fueron notificadas a los abogados el 4 de agosto. Los peritos remitieron tres dictámenes: uno, sobre traspaso de fondos irregulares; otro, sobre desembolsos a empresas de Millet y Montull, y el último, sobre el patrocinio de Ferrovial y el desvío de sumas por concesión de obras públicas.

Los informes de la Agencia Tributaria destacan en sus conclusiones que las relaciones del Palau con Ferrovial, que participó en la ampliación del auditorio, «no eran típicas de patrocinado y patrocinador». Las aportaciones económicas de la constructora estaban muy por encima de las donaciones de otros mecenas y su ingreso en la entidad eran seguidos de desembolsos «casi inmediatos» destinados a realizar pagos a la Trias Fargas o a las empresas New Letter, Letter Graphic, Hispart y Altraforma que, según los nuevos gestores de la institución cultural, no realizaron trabajos para la entidad pero sí para CiU. Cabe recordar que uno de los accionistas de Altraforma es el senador nacionalista Jordi Vilajoana Rovira.

Los peritos sostienen que de los documentos hallados en el registro policial practicado en el Orfeó Català-Palau de la Música el 23 de julio del 2009 «se ha llegado paulatinamente a la conclusión de que el grueso de las aportaciones de Ferrovial no constituye la contribución al patrocinio publicitario, sino que tiene otra finalidad, cual es satisfacer la contraprestación correspondiente por la adjudicación de obras públicas, siendo utilizado el Palau de la Música para canalizar los correspondientes pagos». Asimismo, los expertos han cruzado datos con cuentas corrientes y los dietarios de Gemma Montull, exdirectora financiera de la entidad.

Papel "extrordinariamente activo"

Los peritos destacan distintos documentos como, por ejemplo, uno en el que figura Ferrovial, la anotación «obra adjudicada», un porcentaje, «cobrado» y «liquidación de la Generalitat». Y otro en el que Millet pide a Carles Torrent (exadministrador de la Trias Fargas y exresponsable de finanzas de CDC, fallecido en el 2005) la adjudicación de alguna obra pública a la constructora. Existen escritos que precisan el reparto de comisiones o en los que aparece el nombre de Daniel que, según el análisis, es Daniel Osàcar, que sucedió a Torrent en sus responsabilidades en la fundación de CDC y en el partido. Entre el material investigado hay faxes de Millet dirigidos a Pedro Buenaventura, hasta el 2006 ejecutivo de la constructora, para que hiciera los «pagos acordados», así como anotaciones sobre una comisión por un pabellón en Sant Cugat del Vallès adjudicado por el ayuntamiento de esa localidad.

La posición de Millet en ese «triángulo», según los peritos, no ha sido la propia de un mediador «pasivo»«que se limita a cobrar cantidades de quien debe satisfacerlas (Ferrovial) y entregarlas a las «personas ligadas a la Administración pública», sino que ha desempeñado «un papel extraordinariamente activo». Por un lado, reclamaba la adjudicación de la obra y, por otro, apremiaba «vehemente» a Ferrovial para que no se retrasase en la realización de los pagos.