El PP convierte la declaración de Garcia Albiol en un acto electoral

El Partido Popular de Catalunya convirtió ayer la declaración ante la Fiscalía de Barcelona como denunciado de Xavier Garcia Albiol, líder de la fuerza conservadora en Badalona (Barcelonès), en un acto de campaña electoral y en una reafirmación de su política sobre inmigración. «Defendemos una inmigración legal y ordenada», aseguró ayer la presidenta del partido y candidata a la presidencia de la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, que compareció en la Ciutat de la Justícia junto con otros dirigentes populares para apoyar a Garcia Albiol, que está siendo investigado por repartir el pasado mes de abril folletos que relacionaban a los gitanos rumanos con la delincuencia, así como por unas declaraciones a medios de comunicación en el mismo sentido.

El concejal en Badalona declaró durante más de una hora. Apareció en la sede de la Fiscalía de Barcelona arropado por Sánchez-Camacho y por el presidente del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz. Los acompañantes se quedaron en una de las zonas de la sede de la fiscalía y Garcia Albiol, que estuvo asistido por sus abogados, tuvo que subir hasta la planta 11 del edificio, donde le estaba esperando el fiscal especializado en la persecución de delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar. El encuentro fue distante y propio del interrogatorio de un denunciado.

A Garcia Albiol se le preguntó de forma pormenorizada por el tríptico que repartió en Badalona y que incluía una fotografía con el lemaNo queremos rumanosy vinculaba la inmigración con la delincuencia. En este sentido, el fiscal pidió al dirigente popular que aportara el coste de estos folletos, el número de ejemplares que se hicieron y la imprenta que efectuó el trabajo. «No es lo mismo repartir solo 10 panfletos que 4.000 a la hora de valorar el delito», aseguraron fuentes jurídicas. Pero el interrogatorio se extendió a las declaraciones públicas que efectuó el concejal del PPC días después de repartir los folletos y en las que afirmó que los gitanos rumanos iban a Badalona «a delinquir». La valoración en su conjunto de todas las actuaciones es lo que determinará si Garcia Albiol ha cometido un delito de discriminación, castigado con penas de uno a tres años de prisión.

INSEGURIDAD E INCIVISMO / El dirigente conservador negó ante el fiscal haber incitado al racismo o la xenofobia, y afirmó que él simplemente quería poner de manifiesto unos problemas que existían en su ciudad sobre seguridad y convivencia. «He aclarado al fiscal que en ningún momento se está hablando de xenofobia o racismo, sino de problemas de inseguridad, convivencia e incivismo», explicó Garcia Albiol a la salida de la fiscalía barcelonesa. Sin embargo, aprovechó para atacar a ICV, que presentó la denuncia contra él, y al tripartito, que entregó un informe a la fiscalía en el que ponía en su conocimiento la presunta infracción penal. «Como no pueden callarme en la calle lo intentan en los juzgados, pero yo continuaré defendiendo aquello que me parece justo para los vecinos de Badalona», recalcó el político conservador.

Sánchez-Camacho también denunció el intento de ICV y del tripartito de «silenciar y acallar» la política de inmigración del PPC. A su entender, «es muy triste, vergonzoso y lamentable que se persiga a un cargo publico democrático por pedir que la inmigración sea legal y denunciar los problemas que genera». Repitió en varias ocasiones que su partido defiende «una inmigración legal y ordenada» y aprovechó, incluso, para atacar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de no controlar la fronteras ni el flujo migratorio. «Es un problema que están sufriendo muchos vecinos de Catalunya. El PP es el partido de muchos ciudadanos catalanes que están preocupados por aquellos inmigrantes que no tienen intención de integrarse», dijo la candidata. Y remachó: «Si el tripartito quería poner una mordaza al PP, se ha equivocado».

LAS PESQUISAS / Tras la declaración de Garcia Albiol, el fiscal debe decidir si presenta una querella o archiva el caso. A principios de noviembre se le acaban los seis meses que tiene para investigar, aunque puede solicitar una prórroga. A la hora de tomar una decisión, no se tendrá solo en cuenta la declaración de García Albiol, sino la investigación que han efectuado los Mossos. La balanza se inclinará hacia un lado u otro por la interpretación jurídica de la conducta del denunciado.