investigación

El fiscal admite la denuncia de CiU por los informes del tripartito

J. G. ALBALAT
BARCELONA

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La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentada antes del verano por CiU por una serie de informes que el Govern encargó en 2007 y cuya utilidad está en cuestión. En el escrito de los nacionalistas se incluyen informes que la fiscalía ya analizó en el 2008 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias y en cuya tramitación no se halló delito.

La fiscalía separará primero los informes que fueron declarados correctos el pasado julio (en total 1.583 estudios) y los nuevos denunciados esta vez por CiU, que pueden concretarse, como mucho, en media docena. En casos similares, el segundo paso, tras la criba, ha sido solicitar a los correspondientes departamentos de la Generalitat los expedientes de contratación y, si no consta ya en la denuncia de CiU, el contenido de los informes.

La federación nacionalista presentó la denuncia por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental en estudios encargados por sieteconselleries: Treball; Agricultura; Innovació; Governació; Interior; Acción Social, y Cultura. Además, cita explícitamente a los socios del tripartito, PSC, ERC e ICV, como posibles beneficiarios de una supuesta financiación irregular.

En julio, cuando se conoció la presentación de esta denuncia, fechada el 31 de mayo, el líder de CiU, Artur Mas, precisó que no se trataba de una venganza por la creación de la comisión de investigación sobre una posible financiación irregular de CiU a través del Palau de la Música.

EL COSTE / Los nacionalistas no detallan en su denuncia el cálculo económico del dinero presuntamente desviado por el tripartito mediante los polémicos informes. Solo aluden a «decenas de miles de euros» como la cantidad hipotéticamente perdida en el encargo de informes supuestamente duplicados, innecesarios, inexistentes o realizados a posteriori. Fuentes del Govern han descartado la existencia de delito.

CiU basa su acusación en la auditoría de la Intervenció de la Generalitat que concluyó que, al menos, un 16% de los informes (729.000 euros) del 2007 presentaban irregularidades por la falta de utilidad, exceso de coste económico o porque se podían haber realizado con medios propios.