El celo del Gobierno español por proteger la relación estratégica que mantiene con Marruecos abrió ayer un nuevo conflicto, en este caso con los activistas prosaharauis detenidos y presuntamente agredidos en El Aaiún el pasado sábado por la policía de Mohamed VI.
Información publicada en la página 16 de la sección de Política de la edición impresa del día 01 de septiembre de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, que el lunes había limitado la respuesta española a los incidentes a una mera petición de explicaciones a Rabat, dio por cerrado el caso al asegurar que no hay pruebas que avalen la versión de los arrestados. E incluso fue más allá al poner en duda las acusaciones de los activistas y responsabilizarlos de su detención. «Lo que está fuera de toda duda es que participaron en una manifestación ilegal en la que se produjeron altercados en los que algunos de ellos resultaron heridos», dijo, sin concretar quienes fueron los responsables de las agresiones.
«También sabemos que lo primero que hizo la policía marroquí fue acompañar al hospital a los más afectados antes de que prestaran declaración en comisaría», añadió el secretario de Estado en defensa de las autoridades alauitas. La guinda la puso la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, que advirtió a los activistas que el Gobierno «difícilmente puede proteger a los españoles en otro paaís si se dedican a actividades que no son legales».
CON LA LEY EN LA MANO / Valenciano dijo que para reclamar el respeto a los derechos humanos se ha de ir «con la ley en la mano» y explicó que los manifestantes fueron a El Aaiún con un título de viaje que no les permitía participar en una acción reivindicativa como la que protagonizaron.
El inesperado ataque de su propio Gobierno enervó a los prosaharauis, que cargaron con dureza contra el Ejecutivo socialista, hasta ahora aliado ideológico en sus reivindicaciones. Los activistas calificaron de «vergonzoso» el comportamiento de las autoridades españolas. «No solo han traicionado al pueblo saharaui, sino también al de España, que respalda en su gran mayoría esta causa», aseguraron.
«No tenemos ya ninguna esperanza en nuestro Gobierno. Si una manifestación pacífica de once personas es un delito, exigimos que se nos aplique la legislación», ironizó Sonia Díaz, una de las arrestadas. Díaz recordó en este sentido que la aplicación de la legalidad internacional en el Sáhara supondría «el cese de los encarcelamientos y las torturas, la realización de juicios justos y la libertad de expresión».
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