El juez admite la querella contra la fundación vinculada a Unió

La financiación de Unió Democràtica continua estando en tela de juicio. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Barcelona contra el exgerente de UDC Josep Maria Núñez y los dirigentes de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada al partido democristiano. La acusación pública atribuye a 15 personas, entre ellas Núñez, los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsificación y estafa. El juzgado, que aceptó la querella a finales de julio, acordó citar a declarar a los denunciados, aunque todavía no se ha fijado una fecha.

La justicia investigará así los hechos que constaban en la denuncia que la fiscalía presentó a finales de julio, en la que se apuntaba que el entramado de empresas del grupo IMS y de «facturas falsas» creado por los denunciados pudo tener a Unió como «beneficiario a título lucrativo». La querella detallaba que la treintena de empresas de la red, la mayoría con muy poca actividad, se hicieron cargo, a través de dichas facturas fraudulentas, de pagos de servicios prestados a Unió. Esas sociedades se nutrían de dinero traspasado desde la fundación.

El fiscal afirmó que el importe «distraído» con facturas ficticias y préstamos no documentados por la fundación presidida por Josep Boqué Cos hasta el 2007 ascendió a 1,78 millones de euros. Una vez que el dinero llegaba a manos del grupo empresarial, se desconoce cuál era el destino final, ya que volvía a salir en efectivo. Sí pudo comprobarse que el presidente de la fundación recibió 180.000 euros y que otra cantidad se dedicó «al pago de obligaciones contraídas por UDC».

DIPUTADO EXCULPADO / Un proveedor de Unió citado en la querella implicó en el caso a Josep Sánchez Llibre, diputado democristiano en el Congreso. El proveedor aseguró que fue el dirigente de UDC quien le informó de que, para cobrar una deuda por servicios prestados al partido, se debía dirigir al grupo IMS y a la fundación vinculada al partido que lidera Josep Antoni Duran Lleida. La Fiscalía del Tribunal Supremo, que se hizo cargo del caso porque el político es aforado, exculpó totalmente a Sánchez Llibre en marzo.