Los Mossos d'Esquadra impiden el homenaje a Laura Riera

El amplio despliegue de los Mossos d'Esquadra ha impedido esta tarde que las plataformas alternativas e independentistas homenajearan a la colaboradora de ETA Laura Riera, que ha salido hoy de la prisión de Can Brians 1 tras cumplir una condena de nueve años por colaboración con la banda terrorista.

El acto de homenaje no ha llegado a celebrarse por la intervención de los Mossos d'Esquadra, que han practicado una carga contra una manifestación espontánea y han detenido a uno de los activistas concentrados.

Pese a que a las 18.00 horas, los organizadores del homenaje han decidido desconvocar el acto previsto para las 19.00 en la plaza del Raspall, un centenar de jóvenes han organizado sobre las 19.30 una manifestación improvisada desde la calle Siracusa hasta la plaza de la Vila. Los manifestantes han portado pancartas contra la Audiencia Nacional y han dado gritos de bienvenida a Laura Riera. Cuando han entrado en la plaça de la Vila, los agentes han cargado contra los manifestantes, que se han dispersado.

Antes, sobre las 18.30, los Mossos habían intervenido en la plaza del Raspall para evitar que los defensores de la colaboradora leyesen un manifiesto sobre esta en el que además iban a anunciar oficialmente la desconvocatoria de todos los actos programados en homenaje a Riera.

Un detenido

Los agentes han detenido al representante de la Coordinadora de las Fiestas Populares de la Plaza del Raspall que había iniciado la lectura del texto en el que se denunciaba la actitud de la Audiencia Nacional, definiéndola como un "tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público del franquismo", y se afirmaba que Riera había testificado bajo tortura.

En ese momento han irrumpido en el escenario media docena de agentes para quitarles las pancartas e impedir la lectura del manifiesto. Se han producido entonces momentos de tensión, como cuando los activistas se han resistido a abandonar la tarima.

Informadora del comando Barcelona

Laura Riera fue detenida y encarcelada provisionalmente en el 2001 por su supuesta colaboración con ETA, acusada de aprovechar su trabajo en el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) para facilitar alcomando Barcelona el número de 116 matrículas de coches de sus supuestos objetivos, entre ellos el del edil del PP en Viladecavalls Francisco Cano, asesinado en el 2000.

Posteriormente, en mayo de 2004, fue condenada por la Audiencia Nacional a 9 años de cárcel, al igual que a otros dos colaboradores de ETA en Cataluña: Zigor Larredonda y Diego Sánchez, que ya quedaron en libertad en pasado febrero.