El recurso del Defensor del Pueblo reaviva el fuego del fallo del Estatut

Mientras el varapalo que ha supuesto la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut sigue escociendo en Catalunya, el Defensor del Pueblo parece haber dado la puntilla con su recurso contra la ley de acogida. El tripartito y CiU coinciden en su interpretación. Detrás de esta impugnación subyace el enésimo intento de anular el modelo lingüístico catalán. Entienden que el Defensor del Pueblo se ha servido de las rendijas que dejó el fallo del TC para conseguir aquello que no logró el PP. Undéjà vuque la autora del recurso, la defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, admitió implícitamente al situar su iniciativa en la línea marcada por los magistrados del Constitucional. Desde luego, las reacciones en Catalunya son muy parecidas a las que se han escuchado durante los últimos cuatro años para defender el Estatut, por lo que predomina la sensación de que el objetivo es hacer que el alto tribunal vuelva a sentenciar la Carta catalana, es decir, que la recorte todavía un poco más.

El hecho de que el recurso lleve la firma de Cava de Llano ha pasado bastante desapercibido. Los socios del Govern y CiU creen que la sombra de su antecesor, Enrique Múgica, es demasiado alargada. Ahora bien, esta circunstancia puede reproducir el debate acerca de la legitimidad de los titulares de las instituciones que están en situación interina. Elconsellerde Política Territorial, Joaquim Nadal, cuestionó que una defensora del pueblo en funciones pueda dejar sin efecto la ley de acogida, y recordó de paso que el Estatut también fue sentenciado por un TC pendiente de renovación.

ÚNICA RESPONSABLE / Cava de Llano defendió su proceder en términos de «coherencia». Todo ello sin negar que el recurso contra la ley de acogida se basa en la sentencia sobre el Estatut, en concreto en el análisis del TC sobre el apartado lingüístico. «La definición del catalán como lengua propia no puede justificar su uso preferente en detrimento del castellano», aseguró la defensora del pueblo en COM Ràdio. El artículo 9 de la ley de acogida, ahora en entredicho, fija que los inmigrantes deberán adquirir primero un nivel básico de catalán y que, una vez que lo logren, se les facilitará el aprendizaje del castellano si así lo solicitan.

Pero los partidos catalanes no olvidaron que fue Múgica el muñidor del segundo gran recurso contra el Estatut, que impugna prácticamente los mismos artículos que el PP, entre ellos todo el bloque lingüístico. Las opiniones se dividen, como tantas otras veces, cuando se trata de adjudicar a Múgica, elegido defensor en dos ocasiones con los votos del PSOE y del PP y cuyo mandato expiró el 1 de julio, una etiqueta política. CiU se escudó en su militancia socialista para acusar al PSC de inacción. El número dos de CDC, Felip Puig, lamentó que no haya presionado para impedir el recurso. «En Catalunya tenemos un Gobierno del PSOE, por más que lo quieran disfrazar de PSC o de tripartito», proclamó en TV-3.

Los socialistas catalanes sí aprovecharon la circunstancia de que Múgica ya no sea defensor del pueblo. Aunque no se han prodigado en responder a la institución, un dirigente del PSC confesaba ayer que el hecho de que Cava de Llano milite en el PP y haya tenido en el pasado cargos en ese partido puede ayudar a que las críticas se dirijan hacia los promotores de los recursos contra el Estatut.

Por su parte, ERC ha interpretado el movimiento de la institución como un ataque a una de sus leyes estrella. Para su líder, Joan Puigcercós, todo forma parte de una estrategia orquestada para «fragmentar» a Catalunya a las puertas de unas elecciones clave. «Nos buscan las cosquillas para dividir y debilitar al independentismo», concluyó. A su juicio, el PSOE y el PP son cómplices. Los populares por acción y los socialistas por omisión. El mismo reparto de papeles hizo ICV-EUiA. Su candidato, Joan Herrera, tachó de «vergonzosa» la actitud de Cava de Llano y emplazó al PSOE a reclamar su dimisión.

IDÉNTICAS RAZONES / Por lo pronto, el PPC ha desempolvado argumentos y calificó de «irresponsable» a quienes ponen en cuestión las instituciones del Estado. Muchas coincidencias con los magistrados del Constitucional, aquellos que avalaron, pese a todo, el sistema de inmersión lingüística en las escuelas y los mismos que ahora deberán decidir si también lo aceptan para los inmigrantes.