El fiscal del 'hotel Millet' acusa a la cúpula de Urbanismo de Barcelona

La ampliación de la querella cursada por parte contra varios altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona por la operación para construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música se hizo efectiva ayer. La acción del fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, va dirigida contra el cuarto teniente de alcalde, Ramon García-Bragado; el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; el arquitecto Carles Díaz (del despacho de Óscar Tusquets); el director jurídico del área de Urbanismo, Enric Lambies, y los exdirectivos de la institución cultural Fèlix Millet y Jordi Montull. La acusación pública atribuye a todos ellos los presuntos delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental (ocultar la titularidad del uso de unos solares).

El fiscal presentó la ampliación de la querella (la inicial data del 20 de mayo) ayer por la mañana. A las pocas horas, la jueza Míriam de Rosa Palacio la admitió a trámite y citó a declarar a los imputados para septiembre. También reclamó al ayuntamiento las actas de unas sesiones municipales; al Registro de la Propiedad, datos sobre unas fincas, y a Hacienda, que nombre a un perito para que analice un pago de 900.000 euros a los saqueadores confesos realizado por Manuel Valderrama, propietario de Olivia Hotels, la constructora que iba levantar el hotel.

RELACIONES PERSONALES / A finales de junio, la jueza ya imputó de oficio a García-Bragado, Massaguer y Díaz por tapar la «operación especulativa», pero la fiscalía precisó en la ampliación de la querella lo que, a su entender, son actuaciones delictivas. En ese escrito se añade al director jurídico del área de Urbanismo, Enric Lambies, que ayer fue suspendido de sus funciones relacionadas con Urbanismo, y a Millet y Montull,

que ya pasaron 13 días en prisión por tráfico de influencias (presionar a políticos) y apropiación indebida y a los que ahora también se les atribuye prevaricación y falsedad.

Según el fiscal, Millet y Montull, como presidente y director administrativo del Palau, se aprovecharon de las relaciones personales que habían tejido gracias a su posición en la sociedad catalana para que cargos municipales «colaboraran» en la operación para construir en la calle de Sant Pere Més Alt dicho establecimiento, con el fin de obtener «un importante beneficio económico».

INTERÉS PÚBLICO / La acusación sostiene que los exdirectivos de la institución cultural consiguieron en el 2006 «la ayuda» de García-Bragado, en aquellos momentos secretario de Presidència de la Generalitat y después cuarto teniente de alcalde, y de Massaguer, gerente de Urbanismo. El fiscal subraya que estos altos cargos se comprometieron a cooperar para llevar a cabo la tramitación urbanística, ocultando que la titularidad de los terrenos donde se iba a levantar el hotel no era de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, sino del constructor Valderrama, al que los exresponsables de la entidad le habían cedido el uso de las fincas.

La ampliación de la querella detalla que con esa ocultación se aseguraban el éxito y la aprobación de los trámites administrativas, pues el proyecto siempre se iba a presentar como de interés público.

El arquitecto Díaz, que actuaba en nombre del Palau, presentó la documentación ante el ayuntamiento para modificar el plan general metropolitano pero no precisó el cambio de propiedad de los terrenos, según el fiscal. De hecho, todo lo contrario: insistió en que los solares pertenecían a la entidad y no a la constructora. Además, este profesional no entregó un convenio entre el Palau y la Generalitat del 8 de marzo del 2006, que, por lo tanto, también quedó oculto y «sin publicidad». Dicho de otra manera, García- Bragado y Massaguer, que impulsaron la tramitación de la operación, escondieron la «realidad» sobre el fin especulativo y sobre «la propiedad real» de las fincas. El fiscal añade que, en febrero del 2008, Lambies tuvo conocimiento del cambio de dueños y que también lo enmascaró.