Interior defiende la legalidad de las detenciones de Alicante

El Ministerio del Interior ha salido al paso de las acusaciones vertidas por el PP contra la detención ayer del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, según las cuales la policía procedió a arrestar a Ripoll y a otras 10 personas sin una orden judicial. Fuentes del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba han defendido la legalidad de las detenciones y han aclarado que la Policía Nacional tiene siempre autoridad y competencia para proceder al arresto de algún sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas, como ha sido el caso de Ripoll y del resto de detenidos en la operación anticorrupción en la provincia de Alicante.

Así, fuentes de Interior han asegurado que las detenciones practicadas ayer por la Policía Nacional son "perfectamente legales" y "habituales" en este tipo de operativos. Igualmente, han recordado que todos los registros a dependencias oficiales y domicilios particulares realizados ayer se hicieron a partir de una aurotización judicial, lo que ·"evidencia" que es un juez quien dirige la operación. El ministerio rechaza de esta manera las palabras del secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, quien ha acusado a la policía de suplantar la función del juez en este caso.

El comunicado del tribunal valenciano

Respecto al comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que niega haber ordenado la detención de ninguno de los implicados y aclara que no hay imputados, y que Pons ha esgrimido para denunciar las irregularidades en las detenciones, el Ministerio del Interior ha rechazado que haya contradicciones con la Policía y ha explicado que la razón de este comunicado aclaratorio responde a que, ayer por la noche, Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

Interior ha admitido que en el comunicado de prensa utilizó el término "imputar" como un sinónimo de "relacionar" o "vincular" y ha recordado que la policía no tiene capacidad para imputar, sino que es el juez quien tiene la competencia exclusiva para ello, si bien este hecho aún no se ha producido.

Otra de las cuestiones que ha levantado polémica es la citación que ha recibido Ripoll para declarar en el juzgado de Orihuela con el sello de la policía y de Interior. En este caso, las fuentes consultadas han explicado que el juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial.