Queda en libertad con cargos el presidente de la Diputación de Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), detenido esta mañana en el marco de una operación anticorrupción relacionada con la adjudicación del contrato de gestión de los residuos del municipio de Orihuela, ha quedado en libertad con cargos a las 20.00 horas tras prestar declaración en la comisaría provincial, según ha informado la Diputación a través de un comunicado.

"Está bien de ánimo, aunque cansado, pero contento de colaborar" con la investigación y de "estar en libertad", ha explicado uno de los abogados de Ripoll, cuya declaración no se ha prolongado más allá de "los diez minutos". Desde de su detención esta mañana, Ripoll ha estado acompañado por tres abogados, entre ellos Bernardo del Rosal y Fernando Candela, quienes han estado presentes en el registro que la Policía Nacional ha realizado en la Diputación. Antes los agentes habían resistrado la vivienda del dirigente popular aunque, según los abogados, "no se han llevado nada".

Un total de 11 detenidos y 19 registros

La operación policial llevada a cabo en la Diputación y en el Ayuntamiento de Orihuela, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con la detención de 11 personas y un total de 19 registros efectuados. Según fuentes policiales, se mantienen los cargos contra todos los arrestados, entre los que, además de Ripoll, figuran tres concejales del ayuntamiento y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, encargado del caso. A los arrestados, se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

En el curso de la operación, efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han detenido esta tarde al empresario alicantino Enrique Ortiz, que también aparece en el sumario delcaso Gürtel. Su abogado, Francisco Ruiz Marco, ha explicado que, sobre las 17.00 horas, Ortiz se ha personado de forma "voluntaria" ante las fuerzas de seguridad de Alicante "para dar las explicaciones oportunas". El empresario, máximo accionista del club de fútbol del Hércules, se "encontraba fuera" de la provincia, ha apuntado su abogado, y "ha quedado voluntariamente en un lugar concreto con la policía" en Alicante, donde los agentes "han practicado la detención". A continuación, se han dirigido hacia las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas en Alicante para un registro.

Presunta extorsión

La operación, que dirige el fiscal anticorrupción de Alicante Felipe Briones, se extiende también al Ayuntamiento de Orihuela, donde han sido arrestados tres concejales:  Manuel Abadía, regidor de Infraestructuras, Antonio Rodríguez, de Pedanías y Servicios, y Ginés Sánchez, de Medio Ambiente. Los dos primeros han quedado en libertad con cargos a última hora de la tarde tras prestar declaración. El tercer edil, Ginés Sánchez, ha sido el último en ser trasladado desde Orihuela a la comisaría, por lo que aún se desconoce si ya ha declarado.

En la misma operación también han sido detenidos el industrial Àngel Fenoll y su hijo. La policía ha requisado en casa del empresario diversa documentación relativa a la actividad de las empresas de Fenoll, entre las que figura la adjudicataria del servicio de recogida de residuos del Ayuntamiento de Orihuela. Los agentes también han registado varios locales propiedad del industrial.

Fenoll, vinculado a la esfera del PP, ya fue detenido en el 2007 y enviado a prisión por un presunto delito de extorsión con grabaciones. El empresario era uno de los cinco candidatos para gestionar la basura en Orihuela y grabó con cámara oculta sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos. El estudio de esas grabaciones provocó la apertura de nuevas diligencias en el marco de la llamada operación Brugal, que han desembocado en las actuales detenciones.

Investigación abierta

La policía está investigando también a la alcaldesa de Orihuela y vicepresidenta segunda de la Diputación, Mónica Lorente. El paradero de la alcaldesa era esta tarde desconocido.

Todos ellos estarían presuntamente implicados en las irregularidades cometidas por parte de la Diputación en la concesión, en enero del 2008, del plan zonal de residuos de la Vega Baja. Esta adjudicación se produjo por unanimidad de los miembros del consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.