El Gobierno y el PSOE mantuvieron ayer la estrategia pactada con el PSC de escenificar una voladura controlada. Fuentes socialistas destacaron que Montilla cumpliese con el compromiso de «acatar» la sentencia, y se mostraron comprensivas con su vehemencia del lunes, que justificaron en clave electoral.
José Antonio Alonso, ayer, en el Congreso. JUAN MANUEL PRATS
Información publicada en la página 5 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 30 de junio de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)
Dirigentes del partido reconocieron, aun así, que el llamamiento del president a la manifestación del 10 de julio les pareció «excesivo». El único que lo expresó en público fue el ahora diputado Alfonso Guerra. Este mostró su «extrañeza» ante la «sublevación» reclamada por Montilla.
Más contenido, el portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, rechazó en varias ocasiones comentar el beligerante discurso del president y recordó otras tantas veces que Montilla dijo que «acata» el fallo. «Es con lo que me quedo», añadió Alonso, que quitó importancia a la convocatoria de la manifestación. «Ya veremos qué recorrido desde el punto de vista político tiene esto», declaró.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que compareció en el Congreso, declinó hacer cualquier comentario, y dejó el análisis del Gobierno en manos del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño. Rubalcaba dijo que no comparte la reacción de Montilla, pero que le reconoce su derecho a «manifestarse y pelear». «Eso es parte de una democracia libre», afirmó. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que el president se ha sumado con tanto ímpetu a la manifestación para no tener que hacerlo «en segundo lugar», después de CiU, coalición a la que, según estas fuentes, el fallo ha «descolocado».
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