recta final DE UNA LARGA investigación

El fiscal implica a Unió en el 'caso Pallerols' y pide penas de prisión

La acusación exige entre 7 y 11 años para varios exdirigentes de UDC y de Treball

El ministerio público alega que la fuerza política se financió con fondos de la Generalitat

Martes, 16 de febrero - 00:00h.

El fiscal Fernando Rodríguez Rey ha implicado a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en el proceso abierto por el caso Pallerols, tras 10 años de investigación de la presunta financiación ilegal del partido por parte de Fidel Pallerols, propietario de varias academias. El empresario supuestamente desvió el 10% de las subvenciones percibidas entre 1994 a 1999 para organizar cursos de formación ocupacional. La acusación pública reclama penas de entre siete y 11 años de prisión para seis imputados, entre ellos Pallerols, así como varios exdirigentes de Unió y exaltos cargos de la Conselleria de Treball.

¿Cómo implica la fiscalía a Unió? Sostiene que el partido es responsable civil subsidiario respecto a la indemnización que en caso de condena debería pagar uno de los imputados: Vincenç Gavaldà, exsecretario de organización de UDC. Si el acusado no desembolsa la parte que le corresponde (la cantidad a retornar a la Generalitat es de 595.972 euros), debería hacerlo la fuerza política.

MATERIAL Y NÓMINAS / Pero además la acusación considera a Unió responsable a título lucrativo, pues, a su entender, se benefició de 197.384 euros desviados por Pallerols para comprar material de oficina e informática para las sedes del partido y para pagar nóminas de personas que supuestamente trabajaban para el empresario y que, en realidad, lo hacían para el partido.

El fiscal acusa a seis personas de malversación (alternativamente lo califica de fraude de subvenciones), cohecho y falsedad. Cinco eran militantes de Unió cuando se produjo el desvío de dinero. Entre ellos se encuentra el citado Gavaldà, que fue secretario de organización del partido. Y entre los exaltos cargos de la Conselleria de Treball imputados figura el hermano de este, Lluís Gavaldà, exdirector general de Ocupació, y Dolors Llorens, exsubdirectora, pues eran los encargados de tramitar las subvenciones para los cursos de formación ocupacional. A ellos hay que añadir el exmilitante Santiago Vallvé, el propio Pallerols –el ministerio público también pide para él 18 años por fraude fiscal– y su mujer, Mari Cruz Guerrero.

La fiscalía expone que Pallerols y su esposa desarrollaban una cierta actividad política. El primero colaboraba de forma ocasional con Unió y la segunda era militante. Las subvenciones que percibían sus empresas se tramitaban en la Conselleria de Treball y la Direcció General de Ocupació, «cuyos máximos cargos de dirección eran ocupados en aquellas fechas por militantes y responsables del mismo partido político».

CONFLUENCIA DE INTERESES / Esta situación «dio lugar a una confluencia de intereses». El empresario quería incrementar su actividad y los importes de las subvenciones, y los acusados Vicenç Gavaldà y Vallvé «vieron la oportunidad de obtener» de esas ayudas una «vía para sufragar gastos del propio partido». El resultado fue el desvío del 10% del importe anual de los fondos públicos otorgados a Pallerols para «fines ajenos a las actividades formativas». Según la acusación, Vicenç Gavaldà «urdió y medió» en los pactos relativos a las ayudas que recibía el empresario.