Amaia

Este sábado me había propuesto hablar de elecciones, de las elecciones autonómicas en Catalunya, del debate soberanista, de cómo se ve desde lejos, de la batalla por templar las discusiones. Pero lo siento, no puedo.

Hoy solo puedo hablar de Amaia. Quizá hayan visto su foto. Relajada, sonriente, apoyando confiada la cabeza sobre el hombro de su marido. Tenían un hijo de 21 años. Y vivían en unos de esos bloques de viviendas nuevas que florecieron como setas en todas nuestras ciudades. Ayer, antes de que la sacara de su casa la comisión judicial que iba a desahuciarla, se tiró por la ventana. Dicen los vecinos que no sabían que tuvieran problemas económicos. Nadie se atreverá, supongo, a hurgar ahora en su intimidad. Había ido a Stop Desahucios, pero no había contado que su situación fuera urgente.

No quiero especular. Pero oyendo a sus vecinos me vino a la cabeza la pobreza vergonzante de la que hablan todas las oenegés. Amaia tiene en esa foto que publican los periódicos la tranquilidad de cualquiera de nosotros cuando creíamos que la vida era un carril por el que circular con no pocas dificultades, pero desde luego nunca pensamos que entre ellas iba a estar quedarnos a la intemperie.

La misma edad

53 años tenía Amaia. 53 años tenía también el vecino de Granada que se quitó la vida hace un par de semanas en idéntica situación. Y 53 el vecino de Valencia que lo intentó un día después aunque sobrevivió. Ni ancianos como para dar el grueso de la vida por vivida, ni jóvenes para empezarla de nuevo cargados de energía. Y pura clase media española.

La muerte de Amaia ha sido como un aldabonazo. 350.000 familias desahuciadas después de comenzar la crisis, y con otras 100.000 en cartera se aceleran los trámites para frenarlos. Gobierno y oposición socialista corren ahora a decretar una moratoria para los nuevos embargos y a establecer nuevos criterios que protejan a las familias más vulnerables. Pero ¿quién es más vulnerable cuando se trata de tener un techo? ¿Los que tienen hijos pequeños o dependientes? Si los hijos son mayores, como el de Amaia, que tiene 21 años, ¿se pueden ir a la calle? ¿Se excluirá a los que tengan trabajo pero que quizá mañana lo pierdan, o a los que les han recortado tanto el sueldo y deben pagar tanto de más por todo ahora que no les llega?

Los poderes públicos llegan tan tarde a esta tragedia que ya ni la deseada dación en pago es suficiente para atender esta emergencia social. Los liberaría de la deuda, sí, pero los deja sin casa igualmente.

España es un país serio en el que los contratos se cumplen y las deudas se pagan, argumentan quienes recelan de medidas extraordinarias. Nadie lo duda ni desea lo contrario. Pero está claro que un país serio no condena al desahucio a miles de sus ciudadanos por orden de bancos rescatados con dinero público, que acumulan a su vez en sus balances miles de viviendas vacías. Un sinsentido que hasta la estricta y exigente Europa nos ha afeado esta semana.