A vueltas con la España plurilingüe

El día de Sant Jordi del 2013, gracias al rodillo parlamentario del Partido Popular, el pleno del Senado rechazó la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España que había presentado el grupo parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Tal como explicó el artífice de esta iniciativa, el senador del PSC Carles Martí, el objetivo de la proposición era desarrollar el artículo 3.3 de la Constitución española, que contiene la loable promesa de respetar y proteger la diversidad lingüística de España, pero que nunca se ha concretado en una política estatal al respecto.

La propuesta preveía medidas muy moderadas para regular el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en las relaciones de los ciudadanos con la Administración General del Estado y reconocía de manera muy limitada el derecho a usar esas lenguas fuera del ámbito de la comunidad o comunidades autónomas en que tienen carácter oficial. A pesar de tanta circunspección, la respuesta del portavoz del PP, Pedro Agramunt Font de Mora, fue implacable: la proposición, vino a decir, pretende que las lenguas españolas distintas del castellano pasen a ser oficiales en todo el territorio del Estado y eso es incompatible con la Constitución, y en todo caso el Estado ya protege y promueve «escrupulosamente» todas las lenguas españolas. El resultado: 91 votos a favor de tramitar la proposición de ley y 147 en contra. (Paradójicamente, en esa misma sesión del pleno del Senado, los senadores que quisieron, como Montilla o Anasagasti, pudieron expresarse en lenguas españolas distintas del castellano en el debate de las mociones).

A pesar de tamaña goleada parlamentaria, el senador Carles Martí no se dio por vencido. Con el incansable apoyo de Paquita Sanvicén, exnúmero 2 de la antigua secretaria de política lingüística de la Generalitat, el pasado 9 de septiembre Martí organizó en la capital del reino un estimulante seminario multidisciplinar bajo el título de El reconocimiento legislativo de la pluralidad lingüística de España.El reconocimiento legislativo de la pluralidad lingüística de España

Con la asistencia de expertos y actores cualificados de nueve comunidades autónomas españolas, en el seminario se percibió una cierta tensión entre dos sectores cada vez más distantes: los que creen que el reconocimiento de la pluralidad lingüística en España ya es adecuado (y a veces demasiado generoso por los «excesos» de algunas comunidades autónomas) y los que creen que ese reconocimiento es insuficiente (y en algunas comunidades se halla en franca regresión). Si dejamos ahora de lado lo que está sucediendo en el interior de las autonomías y nos ceñimos al ámbito del Estado, una de las cuestiones clave es el uso o no de las lenguas fuera del ámbito territorial en que han sido declaradas oficiales: en las relaciones de los ciudadanos con las instituciones comunes del Estado y en el funcionamiento mismo de esas instituciones.

En este sentido, es interesante observar una cierta evolución en el mundo socialista. El 21 de marzo del 2006 el pleno del Congreso rechazó de modo apabullante (27 votos a favor y 282 en contra) la toma en consideración de la proposición de ley de protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano que había presentado ERC. En su intervención, el portavoz del PSOE, Ramón Jáuregui Atondo, utilizó argumentos muy parecidos a los esgrimidos siete años más tarde por el senador popular Agramunt Font de Mora. La proposición, vino a decir Jáuregui, pretende extender al conjunto de España la oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano, y eso no encaja en la Constitución. Por si no quedaba claro, Jáuregui remachó: «La cooficialidad de las lenguas propias de las comunidades autónomas es un derecho que tiene un contenido estrictamente territorial». En el debate del 23 de abril del 2013 el portavoz del PSOE en el Senado, Francesc Antich Oliver, se expresó en términos muy distintos: «La Administración General del Estado y otras instituciones estatales mantienen servicios fuera del territorio de las comunidades donde existen lenguas cooficiales, que deben servir a la población española en su conjunto sin menoscabo de sus derechos lingüísticos».

Ante este cambio de actitud en el campo socialista hay que hacerse varias preguntas: ¿si el PSOE vuelve a gobernar algún día se mantendrá en la posición de Antich o volverá a la posición de Jáuregui? ¿Alguien en el PSOE está pensando en cómo incorporar los efectos extraterritoriales de la oficialidad de las lenguas distintas del castellano a una reforma federal de la Constitución? (En la famosa declaración de Granada no hay nada al respecto.) Y acaso la pregunta más importante: visto lo visto, ¿no es demasiado tarde para todo esto?