¿Se vigila al vigilante?

«Los ciudadanos de Catalunya (con o sin papeles) tenemos derecho a un mínimo de garantías de que la policía lleve a cabo siempre su trabajo observando los derechos humanos», decía en una carta a este diario Lara V. S. (Barcelona). No esta semana, sino en febrero del 2011, a raíz de la decisión del entonces conseller de Interior, Felip Puig, de retirar el código ético de los Mossos d'Esquadra impulsado por el anterior Govern. «Los mandos policiales y políticos y los representantes sindicales, antes de mirar hacia el futuro y buscar qué es lo que no funciona, prefieren defender contra viento y marea actuaciones individuales o de una pequeña parte del colectivo, aun a costa de echar por tierra el futuro de este cuerpo policial», escribía Domiciano Sandoval (Barcelona). No esta semana, sino en noviembre del 2013, después de que se le pusieran «los pelos de punta» al ver imágenes de la detención de Juan Andrés Benítez, fallecido tras ser reducido por los mossos, en un caso pendiente de juicio. «Dos policías municipales son la base para acusar (...). Dos policías que están retiraditos porque, oh, mala suerte, volvieron a torturar a un negrito que era hijo de un diplomático. Si llega a ser uno de los que venden en el top manta, seguro que seguirían ejerciendo su profesión a su manera», sostenía Óscar Riu (Terrassa). Él sí, esta semana, tras la conmoción causada por Ciutat morta.

Y es que más allá -aunque sin olvidarlos jamás- del drama del guardia urbano herido y de la tragedia de Patricia Heras, de si fue una piedra o una maceta y de quién la tiró, de qué pruebe o deje de probar el documental, lo que su tremendo impacto retrata es una crisis de la confianza de los ciudadanos en sus cuerpos de seguridad. Quizá Ciutat morta no demuestre nada en términos jurídicos, pero sin duda a la presunción de veracidad de la autoridad se está oponiendo una potente presunción ciudadana de verosimilitud de lo que expone el documental. Y eso no ocurre porque sí.

Eso ocurre porque antes ocurrió el caso Benítez, y el caso Quintana, con su sucesión de versiones oficiales; porque se amontonan informes de entidades tan poco sospechosas como el Consejo de Europa o Amnistía Internacional, que en el 2007, por poner un ejemplo, dio a uno de ellos el elocuente título de España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos. No se trata de negar el principio de veracidad de la autoridad, sino de exigir garantías de que se haga un buen uso de él. No se discute la profesionalidad de la inmensa mayoría de los policías, sino si los abusos se reprimen debidamente o si, con la imprescindible connivencia política y judicial, se mantienen zonas de sombra; si se vigila al vigilante.

«Cuando vean un policía en la calle, piensen que es alguien que sale a trabajar dispuesto a jugarse la vida por todos en cualquier momento», escribía semanas atrás Toni Castejón, portavoz del Sindicat de Mossos d'Esquadra. «No debemos criminalizar una institución policial, sino defender a los buenos agentes y apartar a los que no lo son», decía José Luis Franco (Santa Perpètua) sobre el caso Benítez, en el 2013. Por supuesto. Pero muchos nos preguntamos si lo que Ciutat morta sostiene que le pasó a Patricia nos podría llegar a pasar a nosotros, o a nuestros hijos; o lo que le pasó a Ester Quintana, o a Benítez; si ha habido, hay o puede haber más Ciutats mortes; qué habría sido de Yuri Jardine, el joven de Trinidad y Tobago que sufrió las torturas por las que se condenó a los guardias urbanos Víctor Bayona y Bakari Samyang, si no fuera hijo de un diplomático; si hubo otros Yuris antes, si los ha seguido habiendo después. No hace falta ser antisistema para hacerse estas preguntas. A menos que, en estos tan malos tiempos para los matices, reclamar que el sistema funcione con decencia suponga ya de por sí ser antisistema.

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