Estudiar será más caro y las ayudas públicas para los universitarios seguirán criterios más restrictivos. Este es el común denominador de sendas medidas anunciadas ayer por el Gobierno central y la Generalitat. En el primer caso, el ministerio que dirige José Ignacio Wert ha establecido que quienes no aprueben la mitad de los créditos en los que estén matriculados deberán devolver toda la ayuda recibida. Y en Catalunya la nueva política que fija el precio de la matrícula universitaria en función de la renta de la familia del alumno hará que el 70% de los estudiantes pasen a pagar entre el 16% y el 66% más que hasta ahora.

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 10 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 30 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Se trata, esta última, de una medida con la que el Govern recaudará 90 millones de euros, de los que 35 se dedicarán a becas y 55 a paliar el déficit de las universidades. Esta descompensación concita la crítica de quienes rechazan toda función recaudatoria de la enseñanza superior. Pero frente a este argumento se esgrime el de que es insostenible que, como ha sucedido hasta ahora, la Administración (estatal o autonómica) financie el 85% del coste real de la carrera de un universitario. Es incuestionable que la inversión pública en educación es la mejor que, a medio plazo, puede efectuar un país, pero también que la sociedad debe velar por el buen uso de esa inversión y su retorno social: todo joven capaz y diligente debe tener la oportunidad de estudiar, pero a partir de ahora se le exigirán más resultados.