Universalidad no es equidad

Solemos oír hablar de la «universalidad» de los derechos humanos pero no está de más, de vez en cuando, detenernos a desmenuzar las palabras y lo que implican para no vaciarlas de contenido o asociarlas a otras que pueden conducirnos a conclusiones equívocas. Por universalidad de los derechos humanos entendemos que hay unos determinados que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Uno de los objetivos (o consecuencias) de la universalidad de estos derechos es garantizar la igualdad de oportunidades.

El derecho universal a la educación se encuentra recogido en la Convención de los Derechos del Niño (arts. 27 y 28) y en la Constitución Española (art. 27, ap. 1º y 4º), reconociendo su papel fundamental en el desarrollo humano y social y estableciendo que son los Estados los primeros obligados a garantizar su acceso y disfrute. Podemos afirmar entonces que uno de los fines de la universalidad del derecho a la educación es garantizar la igualdad de oportunidades. El dilema reside en determinar si garantizar la universalidad de la educación es suficiente para garantizar esa igualdad.

En aquellas sociedades en que la escolarización universal está garantizada, como es el caso español, corresponde preguntarnos: la educación universal está garantizada, pero ¿genera efectivamente igualdad de oportunidades para todos los niños? ¿Qué pasa en Catalunya?

El informe presentado por Save the Children Iluminando el futuroreflexiona sobre la situación educativa de las comunidades autónomas y del Estado español y responde a algunas de estas preguntas. En el caso de Catalunya, si bien el índice de equidad educativa que obtiene es medio-alto, presenta algunos datos alarmantes: la tasa de abandono escolar temprano alcanza el 24,7%, por encima de la española (23,5%), doblando la europea del 12% y muy lejos del objetivo europeo del 10% para el 2020. También sobresalta saber que el 25,7% de los jóvenes entre 15 y 24 años, es decir uno de cada cuatro, ni estudia ni trabaja (el 23,5% a nivel estatal), muy por encima de la media europea del 15,9%.

Sin embargo, y en referencia a la relación entre universalidad y equidad a la que aquí nos referimos, uno de los datos más alarmantes del informe (y que probablemente sea una de las causas de las cifras antes mencionadas) es que, mientras la inversión en educación de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas ha disminuido en un 10,94% entre el 2007 y el 2013, el gasto medio por hogar en educación de las familias se ha incrementado un 30,3% en el mismo período. En el caso de Catalunya, la disminución de la inversión pública es de un 11,1% mientras que el gasto que han tenido que afrontar las familias ha subido un 19,1% y se eleva a 505 euros frente a la media nacional de 361. A esto hay que sumarle la reducción de la renta de los hogares catalanes en un 8% desde el 2009.

Actualmente, uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social, dato también válido para Catalunya. La falta de recursos que sufren las familias impide que puedan hacer frente a todos los costos ocultos de la educación (libros, material...) y, en consecuencia, que los hijos de estas familias disfruten del derecho universal a la educación de una manera limitada. Esto no solo repercute negativamente en la vida de todos esos niños de manera inmediata, sino también durante la edad adulta. La inequidad educativa condiciona el futuro de estos menores y comienza a moldear las desigualdades de la sociedad.

La única forma de romper con este círculo es garantizar la educación universal en condiciones de equidad. Es decir que la universalidad está íntimamente relacionada con el concepto de equidad pero no son conceptos equivalentes.

Si los gastos asociados a la educación quiebran esta equidad, si la calidad de la educación que reciben y a la que pueden acceder quienes están en una posición económica más vulnerable difiere notoriamente de quienes no lo sufren y el Estado no promueve políticas para mitigarlo, la educación deja de ser una herramienta de compensación social para transformarse en el primer generador de desigualdad. Es por ello que resulta imprescindible para construir sociedades más justas y equitativas que la educación se erija nuevamente en garante de la equidad e igualdad de oportunidades.

La universalidad sin equidad no es suficiente. Necesitamos políticas de equidad educativa que garanticen la igualdad real de oportunidades para que todos los niños puedan desarrollarse plenamente. No solo tienen ese derecho, nosotros tenemos la obligación de garantizárselo. Pensemos qué sociedad queremos para ellos. Lo merecen y nosotros se lo debemos.