El balance anual de desahucios

Una reacción inaplazable para asegurar un techo para todos

El año 2017 debe ser el de la aplicación de estrategias prioritarias para asegurar el derecho a la vivienda

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MAIRA
Costa Casas

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A lo largo de este año se han sucedido datos e informes: 15.557 desahucios en Catalunya en el 2015 (cifra facilitada por el Consejo General del Poder Judicial), 941 personas durmiendo en la calle en Barcelona (Xarxa d'Atenció a les Persones sense Llar), 48.454 casos estimados de mal alojamiento en Catalunya en el 2014 (Agència de l'Habitatge de Catalunya). Datos que nos interpelan y evidencian la creciente desigualdad socioeconómica y la vulneración sistemática del derecho a la vivienda de un número cada vez más elevado de personas y familias. Cifras de vergüenza, cifras que ya es hora de que hagan reaccionar definitivamente a las instituciones legislativas y gubernamentales.

Detrás de las cifras hay personas y familias que viven en situación de precariedad, ansiedad y tensión constante para salir adelante con sus vidas. Se producen suicidios, crecen y se agravan los problemas de salud mental y física relacionados con la mala alimentación y el frío. La pobreza energética provoca muertes y vemos situaciones de humillación, asedio inmobiliario y degradación de la condición humana por la imposibilidad de satisfacer las necesidades más básicas. ¿Qué más tiene que pasar para que las instancias públicas reaccionen de una vez?

SATURACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

La ciudadanía lo ha hecho ya hace tiempo. Hay movimientos y entidades sociales que llevan años denunciando y luchando proactivamente para resolver el problema de los desahucios y el ',al tiempo que son y siguen siendo los garantes de la tutela de derechos.

Los servicios sociales básicos, por su parte, están saturados por el alud de nuevas situaciones de pobreza, de dificultad de acceso a la vivienda de forma autónoma y de otros problemas relacionados con la falta de ingresos, como la pobreza energética o la alimentaria.

El año que ahora termina empezó de forma esperanzadora con una nueva norma, la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, movimientos que merecen un destacado reconocimiento por su lucha tenaz por una sociedad más justa. La Ley 24/2015 ha comportado un parón en los desahucios, especialmente debidos a ejecuciones hipotecarias, y forzaba a las entidades financieras a ofrecer un alquiler realmente social a las personas y familias afectadas. Al mismo tiempo, se convirtió en una herramienta de redistribución que obligaba a dichas entidades financieras a devolver los recursos públicos que con los que habían sido rescatadas.

PASO ATRÁS INDIGNANTE

La suspensión de algunos de los artículos de esta ley por parte del Tribunal Constitucional, a petición del PP, favorece a los bancos y deja desprotegidas a las personas afectadas por desahucios y a la ciudadanía en general. Supone un paso atrás indignante. Por otra parte, al Govern de la Generalitat, con competencias en materia de vivienda, y a los ayuntamientos les corresponde aportar los recursos económicos y de vivienda necesarios para hacer frente a los desahucios debidos a situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, así como al 'sinhogarismo' y a la pobreza energética . Por eso es urgente, entre otras actuaciones, la movilización de la gran cantidad de viviendas vacías que existen en nuestro país, especialmente en manos de entidades financieras y fondos de inversión que los siguen utilizando con fines especulativos. Los recursos existen, y las leyes catalanas que permiten movilizar viviendas sin ningún tipo de uso ni función social, y garantizar el derecho a la vivienda, también.

Entre los meses de enero y septiembre de 2016 se han producido en Catalunya 10.664 desahucios (según el CGPJ), casi el 25% del total de desahucios del Estado. Más de la mitad son viviendas en régimen de alquiler. La garantía del derecho a la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente.

LA NECESIDAD DE HERRAMIENTAS ÚTILES

El año 2017 tiene que ser el de la puesta en práctica de forma prioritaria, sin dilación y con contundente voluntad política, de todas las estrategias y planes de vivienda para asegurar un techo a toda la población y acabar con la pobreza energética y el 'sinhogarismo'. Con presupuesto suficiente y convirtiendo las comisiones, mesas de participación y espacios de coordinación institucional en herramientas útiles y diligentes, no en armas de propaganda partidista ni declaraciones de buenas intenciones que se quedan en papel mojado.

La situación de emergencia que muchas familias llevan años sufriendo puede revertirse y 2017 debe ser el año en que aprobemos, y con la máxima nota posible, esta asignatura pendiente.