El mismo día en que los diputados del Partido Popular convalidaban en el Congreso de los Diputados los nuevos recortes que el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado, 80 ciudades del país se convertían en escenario de las protestas masivas contra esas mismas medidas. La soledad del Gobierno se ponía de manifiesto en las votaciones de la Cámara baja, donde no pudo atraer a CiU, compañero de viaje habitual, y ni siquiera a sus hermanos navarros de UPN.

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 20 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Ayer no hubo aplausos en el hemiciclo, aunque sí se produjo una ausencia incomprensible. El presidente del Gobierno, que se ha reservado para sí la dirección y la coordinación de la política económica, que ya no había participado en la desafortunada presentación de las medidas tras el Consejo de Ministros del viernes, ayer solo ocupó su escaño a la hora de votar. Mariano Rajoy, que tuvo que salir del Senado por el aparcamiento para eludir a los periodistas, que utilizó la puerta de atrás en Málaga para abandonar el recinto donde había animado a sus compañeros de partido a mantener la cabeza alta, ayer no estuvo en el Congreso. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el encargado de defender en solitario las posiciones gubernamentales. La imagen contrastaba vivamente con la del Bundestag, donde la cancillera Angela Merkel sí asistió al debate en el que el Parlamento alemán autorizada la participación de su país en el rescate de la banca española.

Rajoy debería revisar no solo la política que aplica, sino cómo lo hace. Cuando cuatro representaciones parlamentarias, por minoritarias que sean, abandonan sus escaños para no tener que asistir a la votación de los nuevos decretazos -21 en siete meses- que impone el Gobierno, algo serio ocurre en las instituciones democráticas del país. La mayoría absoluta del Partido Popular no es una garantía contra los errores, ni en lo que se refiere a las medidas aplicadas ni en cómo se imponen.

Intervenidos

Desde el miércoles de la semana pasada, cuando Rajoy hizo un primer avance de las medidas que se disponía aprobar, los funcionarios empezaron a movilizarse. Esas protestas han arrastrado a otros colectivos, incluso a los sindicatos y a los partidos de izquierda. El propio Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, tuvo que cambiar el tono del discurso de su intervención parlamentaria de ayer para mostrar una oposición más decidida a la política del Gobierno. Los mismos sindicatos se han visto empujados por un movimiento espontáneo que ha ido reproducinéndose por todas partes con el apoyo de las redes sociales. El malestar que han empezado a expresar los empleados del sector público parece haber prendido en un ambiente muy caldeado. Las manifestaciones de ayer, convocadas con mucha cautela por los sindicatos en su afán de no perjudicar más los intereses del país -una actitud responsable que contrasta con la de algunos ministros- reunieron a muchísimos ciudadanos. Sería una frivolidad calificar de éxito lo que no deja de ser una manifestación de protesta ante la sensación colectiva de luto e impotencia por una política dictada desde Bruselas, Berlín, Fráncfort y Washinton -sede del FMI- que el Gobierno democráticamente elegido aplica con una obediencia y un oscurantismo muy poco democráticos. Los ciudadanos españoles se sienten intervenidos, y por eso se manifiestan contra las medidas antisociales como antes hicieron los griegos, los irlandeses y los portugueses, intervenidos con todas las de la ley. El Gobierno debe interpretar bien lo que pasó ayer, un día en que centenares de miles de españoles salieron a la calle para denunciar una política muy dura que nadie ha votado en este país y que el PP está aplicando sin contemplaciones ni garantías de su eficacia.