Una nueva Transición

Hasta qué punto hay que retomar las reformas de nuestro sistema institucional que condujo a pasar de la dictadura franquista al actual sistema democrático para responder a las demandas de nuestra sociedad se discute por las estructuras del Estado. La investigación científica en nuestro ámbito tiene unas disfunciones que podríamos relacionar con la falta de haber llevado a cabo bastantes reformas del sistema que la gobierna. Nos puede informar también de los efectos de la participación de catalanes en el gobierno del Estado.

Ni España ni Catalunya han sido actores significativos en el desarrollo de la ciencia en el periodo que va de Raimon Llull, de cuya muerte este año celebramos el séptimo centenario, hasta el premio Nobel de Santiago Ramón y Cajal en 1906. Si hemos de buscar una fecha que indique una voluntad política de dar un vuelco a la situación, podríamos utilizar la de 1907. En España se funda la Junta de Ampliación de Estudios con Ramón y Cajal como director, y Prat de la Riba funda el Institut d'Estudis Catalans. Se envía a miles de jóvenes a estudiar en el extranjero y se abren centros de investigación. Pocos años después los nombres de algunos científicos de nuestro ámbito empiezan a sonar en Europa.

DE LA GUERRA CIVIL A LA TRANSICIÓN

La dinámica que se inicia a principios del siglo XX se rompe dramáticamente con la guerra civil. La lista de intelectuales, profesores de universidad y científicos que mueren por la guerra, se exilian o son depurados es escalofriante. El coste de la pérdida que se produjo en ese tiempo no ha sido aún suficientemente valorado. El régimen franquista se interesa por el tema y el mismo año 1939 se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas absorbiendo lo que quedaba de la JAE, se pone en manos de José M. Albareda, personaje relevante del Opus Dei, y se convierte en una herramienta de la política autárquica del régimen. Pero la sociedad sigue su propia evolución y los jóvenes aprovechan las ventanas que se abren con los acuerdos con Estados Unidos y el Banco Mundial o las políticas de becas de algunos países europeos y fundaciones privadas para ir a formarse en el extranjero. Cuando la Transición comienza, en las universidades y los laboratorios hay gente bien preparada en investigación.

La Transición es un tiempo de iniciativas para construir una ciencia homologable y de compromisos que quedan bien patentes en la Constitución de 1978. La investigación aparece como competencia de las comunidades autónomas, y la coordinación de la investigación como competencia del Estado. Las tensiones aparecen muy pronto y en 1986 se aprueba la ley de fomento y coordinación de la investigación científica. El CSIC, de cuya desaparición se habla, sobrevive después de reformas de su reglamento y en la nueva ley, que es recurrida por la Generalitat sin éxito.

INVOLUCIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA

La ley de la ciencia de 1986 ha sido la base sobre la que ha funcionado la ciencia en España. Se aplicó de forma parcial, pronto se vieron algunas limitaciones en la gestión del sistema y se hicieron algunas reformas. La creación del sistema Ramón y Cajal para jóvenes investigadores en el 2001 o la figura de agencia estatal para el CSIC son ejemplos de eso, pero ninguno de los dos acaban de desarrollarse completamente. Mientras, en Catalunya, con la llegada del conseller Andreu Mas-Colell se ponen en marcha el programa Icrea para contratación de investigadores y el sistema Cerca de institutos, que muy pronto demuestran sus méritos. En el 2011 el Parlamento español aprueba por práctica unanimidad una nueva ley de la ciencia cuyos aspectos más innovadores o no se aplican o se aplican parcialmente. La involución económica y política en investigación ha sido clara en estos últimos años.

Por lo tanto, la evolución de la política de la ciencia en España y su relación con Catalunya es un ejemplo más de cómo se hizo la Transición. Algunas de las figuras clave de todo el periodo venían de Catalunya, como el primer director general de Política Científica del Gobierno del Estado en 1977 (Gabriel Ferraté) o la secretaria de Estado de Universidades e Investigación del primer Gobierno socialista (Carmina Virgili), el mismo cargo ocupado por Ramon Marimón en el segundo Gobierno de Aznar o el secretario de Investigación en el primer Gobierno de Zapatero (Salvador Barberà) o los presidentes del CSIC Enric Trillas y Rolf Tarrach, entre otros. Se puede considerar que su acción hizo avanzar las cosas, pero que no logró remover las inercias de la administración de la ciencia, que sigue amarrada en las reglas de la Administración General del Estado o de la función pública. Algunos pueden deducir de eso que la influencia de ideas procedentes de Catalunya en el Gobierno del Estado ha sido positiva para hacer mover las viejas estructuras y que hay que colaborar en la construcción de una nueva Transición; otros deducirán que por mucho que se haga no hay nada que hacer y que hay que buscar vías independientes. La política científica es un indicador de la evolución de la política general.