Una ley necesaria

Parece que en el almuerzo entre el president Mas y el líder socialista Pere Navarro del pasado 23 de marzo -el del pacto de BCN World- se habló también de la ley de consultas -necesaria para intentar la famosa consulta de forma legal- y de la inexistente ley electoral catalana. Y que en ambos asuntos hubo una interesante aproximación.

La ley electoral es básica y su ausencia -Catalunya es la única comunidad autónoma que no la tiene- es una aberración injustificable. Primero, por dignidad. Las casas no se empiezan por el tejado y es absurdo que un país que desea aumentar su autogobierno no haya sabido hacer en 34 años una ley para la que tenía la plena competencia. Así, las 10 elecciones catalanas celebradas desde 1980 se han regido por la disposición transitoria cuarta del Estatut del 79, que dice: «En tanto una ley de Catalunya no regule el procedimiento para las elecciones al Parlament, este será elegido con las normas siguientes. [...] Las circunscripciones electorales serán las cuatro provincias. [...] El Parlament estará formado por 135 diputados de los cuales la circunscripción de Barcelona elegirá un diputado por cada 50.000 habitantes con un máximo de 85. [...] Las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona elegirán un mínimo de 6 diputados, más uno por cada 40.000 habitantes, atribuyéndose a las mismas 17,15 y 18 diputados respectivamente».

Esta transitoria fue la condición puesta por Suárez como contrapartida a los artículos sobre la lengua. El entonces presidente creía que la UCD saldría beneficiada del mayor peso electoral que el que correspondería por población de unas provincias que intuía conservadoras. Y así fue. Luego CiU se benefició del mayor signo catalanista de estas provincias frente al izquierdismo barcelonés. Y las cosas han así «vagado por el espacio por los siglos de los siglos», que diría Margallo.

Pero hoy es surrealista plantear no ya un mayor autogobierno (como hizo el Parlament del 2003 con el Estatut) sino una consulta en la que se vota la posible independencia -que  Mas afirma que apoya y cree ganadora- si ese mismo Parlament no ha logrado antes la mayoría suficiente (son necesarios los dos tercios) para que Catalunya tenga ley electoral.

Pero no es solo una cuestión de dignidad y coherencia. Es que para que se pudiera aplicar la ley de consultas -si no es recurrida- sería preciso tener el censo y una junta electoral propia, lo que no es posible sin esa ley. Haber exigido el derecho a decidir y planteado las dos preguntas de la consulta sin antes tener ley electoral demuestra no solo incoherencia sino también falta de rigor y mucha improvisación.

La autoridad moral falta y se entra casi en el terreno de lo ridículo  cuando se exigen pasos importantes al Estado -e incluso a la Unión Europea- sin haber sabido pactar antes en Catalunya las mayorías precisas para una ley imprescindible y de la que el Estatut vigente (y el anterior) dan la competencia al Parlament. Si la que se proclama sede de la soberanía no sabe pactar una ley básica, según las normas de las que esa soberanía se ha dotado, es incoherente pedir a terceros el reconocimiento. La carreta no avanza si se pone delante de los bueyes. Por ello es ineludible que como mínimo CiU, PSC y ERC pacten ya una ley electoral que también conviene por otros motivos quizá mas relevantes y que habrá que explicar. El primero, que las listas dan excesivo poder a las cúpulas partidarias y hacen de los diputados casi funcionarios.