Una ley de claridad para la consulta

Los federalistas sí podemos hacer realidad una vía de consulta legal para Catalunya que sea respetuosa con el Estado de derecho si su desarrollo, con garantías, se ajusta a una ley de claridad aprobada por las Cortes. Mediante esa ley, necesaria para posibilitar consultas sobre una eventual secesión, se respetaría también el principio democrático al ofrecer cauces para que una voluntad concreta se expresara de acuerdo con unas reglas y garantías claras.

Esa ley tendría la virtud -y oportunidad- de separar el debate urgente -aplazado y bloqueado- de la reforma constitucional de esta otra iniciativa que debería garantizar aquel principio democrático. Catalunya no puede esperar más. Y España no se lo puede permitir. Por tanto, es una exigencia de todos los demócratas.

La ley de claridad establecería que, tras un pronunciamiento de mayoría reforzada del Parlament de Catalunya, el Parlamento español estaría obligado a recoger esta petición y pediría al Gobierno la convocatoria de una consulta para comprobar la voluntad de los catalanes sobre una eventual independencia respecto de España. Aclaramos que del resultado de la consulta no se derivaría, en su caso, la secesión automática o unilateral, como sucede en todos estos procesos. La hipotética secesión es, también, parte de la negociación.

Se trata de una vía similar a la que se aplica en los casos de Quebec (Canadá) y Escocia (Reino Unido) y que ha sido aplaudida por CiU y el PNV, entre otras fuerzas políticas. En nuestro caso, las Cortes aprobarían una ley de claridad que contemplase las condiciones exigibles en una consulta. Nos referimos al contenido claro de la pregunta, la participación mínima exigible, las mayorías cualificadas requeridas de apoyo y la posterior apertura de un proceso de negociación -de buena fe- entre el Estado y Catalunya para fijar una separación en términos razonables para las partes. En ese supuesto, la necesaria reforma de la Constitución debiera someterse a referendo en todo el Estado.

Es verdad que no existe una salida perfecta para todas las partes, ni en el caso de Catalunya ni en ningún otro similar. Es cierto que se necesita tiempo para consensuar esta vía, no exenta de dificultades pero que aliviaría tensiones y supondría contar con unas reglas claras para tratar un desencuentro que no va a desaparecer. Las bases jurídicas y los principios contemplados en la ley de claridad de Canadá son de gran calado democrático y han servido para encauzar las reclamaciones independentistas y de muchos demócratas en Quebec y para que David Cameron construyera la salida negociada de la consulta del 18 de septiembre en Escocia. Por tanto, cabe preguntarse: ¿por qué si es útil en Canadá (2000) y Gran Bretaña (2013) no puede serlo en España?

No hemos acertado en la respuesta al desafío democrático que se plantea en Catalunya y Euskadi, ni hemos sabido hacer pedagogía política de una alternativa federal elástica, flexible y democrática. Y reconociendo que la pretensión de independencia es legítima sin violencia y que no se puede retener a nadie por la fuerza, los federalistas hemos de ofrecer un cauce democrático para hacerla posible; desde la convocatoria de la consulta hasta el final del proceso negociador. Esta propuesta no puede ser tachada por nadie de ilegal, autodeterminista o alejada de la pretensión de los catalanistas que piden una consulta pero no son independentistas.

La vía de una consulta clara y con garantías ha de formar parte de una propuesta global de alcance estratégico que resuelva el encaje de Catalunya y España. Así, la ley de consultas española precedería a una reforma de la Constitución en la dirección federal. Con ella los federalistas buscamos una mayor cohesión de la ciudadanía y entre los pueblos del Estado reforzando los valores de lealtad, cooperación, coordinación, solidaridad y transparencia en la relación entre los diferentes territorios federados. Además, la nueva Constitución deberá incorporar el reconocimiento de la realidad plurinacional de España y el respeto a las diferentes identidades compartidas, culturas y lenguas para fortalecer la convivencia en este país. Pensar en federal nos lleva a construir una nueva cultura federal que ha de profundizar en el discurso de una España plurinacional frente a la idea caduca de un nacionalismo español.

Solo desde la política podremos superar tanto el maximalismo de sectores soberanistas como el inmovilismo de una derecha rancia, y perfeccionar además ofertas federales bien intencionadas pero carentes aún de fuerza y motivación. No es el momento de jugar a buscar responsabilidades, que están muy repartidas, sino de promover una salida audaz y posible con total encaje en un Estado de derecho. Debemos intentar pactar esta vía de claridad democrática porque ganaríamos todos. Diputado socialista por Guipúzcoa.

Firma también el artículo Laia Bonet,

profesora de Derecho Administrativo

y Derecho de la Comunicación.