Una fábrica de yihadistas

No se trata exactamente de la noticia del siglo, en el sentido de que sea lo que en periodismo se llama un scoop, un descubrimiento inédito. Se sabía, quizá no todos los detalles, pero el escándalo estaba abierto desde que se abrió la infame prisión de Guantánamo, y sobre todo desde que la prensa se hizo eco de las fotos de los maltratos en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, poco después de la invasión ordenada por G.W. Bush en el 2003. Hasta tal punto se sabía que, desde entonces, los grupos yihadistas que han secuestrado y muchas veces asesinado a rehenes occidentales, los han mostrado vestidos de naranja, como los presos de Guantánamo.

Se sabe que por esa prisión han pasado casi 800 presos, de los que, 12 años después, han sido llevados ante los famosos tribunales militares que se inventó la administración Bush menos de diez, y juzgados media docena. Y además sabemos también que en el 2006 un tribunal federal (civil) de EEUU declaró ilegales dichos tribunales y precisó que esos presos -más allá de las triquiñuelas de la Casa Blanca- estaban bajo jurisdicción de EEUU, aunque la base de Guantánamo estuviese… en Cuba. Se sabía igualmente, y la Unión Europea (UE) hizo en su día un demoledor informe sobre ello, de los famosos agujeros negros, centros de detención ilegales en países terceros, algunos de la UE (y de la OTAN), como Polonia acaba de admitir, por donde pasaron algunos centenares más de detenidos ¿Dónde está el interés del debate actual, tras el demoledor informe del Senado de EEUU?

Dicho interés tiene varios ángulos. El primero es cómo se plantea el debate en EEUU (y en menor medida en otros países) sobre la tortura, en particular entre la clase política y entre muchos opinadores y medios de comunicación. Llama la atención que el debate se plantea en términos más utilitaristasque éticos o morales. La crítica de fondo sería que la tortura no habría servido para gran cosa, no habría tenido la utilidad buscada. ¿Y si la hubiera tenido? Aunque fuera solo en algunos casos, y en muchos otros no, ¿sería aceptable?

Para los estándares democráticos del Estado de derecho, por ejemplo en el marco del Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la simple pregunta resulta inaceptable. A esto, los asesores de Bush, y sobre todo su vicepresidente Cheney, solían responder con el ejemplo de la bomba tic-tac. A saber: si tienes a un terrorista que sabes que ha puesto una bomba que en cuestión de horas va a matar a un montón de inocentes, ¿no es lícito maltratarle? A un lado de la balanza, el terrorista; al otro, las víctimas. Se trata de una falacia de la peor especie, porque reposa sobre una hipótesis de partida que desplaza toda duda moral: tienes al culpable, no hay duda de que lo es, no hay presunción de inocencia, pues que hable. Pero las experiencias (Francia en la guerra de Argelia, Argentina y Chile cuando el golpe de Estado...) muestran que la pregunta es otra: ¿cuántos individuos estás dispuesto a torturar para ver si pillas al terrorista? De ahí los miles de desaparecidos argentinos y chilenos, 4.000 argelinos esfumados en la batalla de Argel de 1957, y un largo etcétera. Y la señora Le Pen retomó el otro día el argumento (que ya defendió su padre, paracaidista en la guerra de Argelia) de la bomba tic-tac, pero luego se autodesmintió… en Twiter.

Otro ángulo interesante del debate senatorial es muy conocido. Muchos expertos han advertido que con el uso de la tortura, al final no sabes lo que obtienes, porque la víctima acaba diciendo lo que quiere oír el torturador para que cese el dolor. Obtienes confesiones, no inteligencia, que quiere decir información útil. Eso lo han dicho exresponsables de este tipo de agencias de varios países, incluido EEUU, y lo ha subrayado el senador McCain, él mismo víctima de torturas cuando estuvo preso en Hanói durante la guerra de Vietnam. Pero también esto es una variante de la aproximación utilitarista. La cuestión de fondo tiene otro ángulo, y es si en democracia -incluso en cuestiones como el terrorismo- la respuesta del Estado puede basarse en algo tan simple como que el fin justifica los medios. Y este dilema, en ese marco jurídico, no tiene respuestas intermedias: sí o no.

Por ejemplo, no solo la administración Bush despreció las convenciones de Ginebra, sino que se inventó categorías jurídicas absurdas (como combatientes enemigos ilegales) para eludir las exigencias de su propio sistema constitucional y procesal. Y todo esto con gran apoyo de su opinión pública. Quedan en Guantánamo casi centenar y medio de presos, solo porque nadie los quiere. Bueno, el otro día Uruguay acogió a seis. Han salido a la luz menos de 500 páginas, 5.000 más siguen clasificadas, y a nadie se le exigirá responsabilidades. Como dijo un exrecluso, Guantánamo ha sido el mayor productor de yihadistas de la última década.