Una cuestión de Estado

El debate de los Presupuestos Generales del Estado ha vuelto a generar polémica en cuanto a la sostenibilidad del sistema de pensiones. La señal de alarma es clara y tiene que ver con la utilización cada vez más frecuente del fondo de reserva (la hucha de las pensiones). Ciertas tendencias se observan de forma clara. La población española tiende a envejecer, y de continuar la tendencia actual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2052 la población mayor de 64 años se habrá incrementado en 7,2 millones de personas con respecto al valor del 2012. A este dato se une el alargamiento de la esperanza de vida.

Por tanto, tenemos un colectivo de pensionistas que crece, que cobra pensiones durante más tiempo y además la pensión media aumenta, pues las bases de cotización de los trabajadores que se jubilan hoy son mayores que las bases de los que se jubilaron hace 15 o 20 años. Sin embargo, en nuestro sistema las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo en cada momento. La crisis ha reducido de forma importante el número de cotizantes, y aunque ya estamos recuperando empleo, se hace con salarios más bajos y en condiciones más precarias; por tanto, los nuevos cotizantes aportan menos ingresos al sistema. Si el sistema de pensiones no ha mostrado signos de deterioro antes ha sido porque, en contra de los pronósticos, en los años 90 se produjeron importantes flujos de inmigración que aumentaron la base de cotizantes en un contexto de expansión. No está de más recordar el papel que ha jugado la inmigración ahora que miles de refugiados sirios buscan entrar en Europa.

Realizado el análisis, es necesario buscar soluciones. El aumento del porcentaje de cotización aumentaría los costes y reduciría la competitividad de la empresa española, por lo que parece descartable.Hay quienes han señalado como solución la financiación de prestaciones en base a impuestos; esta es una alternativa, pero hemos de pensar que el envejecimiento de la población también supone un fuerte aumento de la presión sobre los costes del sistema sanitario, por lo que pensiones y sanidad aumentarán su peso en el PIB. Si estas partidas ganan peso, otras, como educación, infraestructuras o políticas de redistribución de renta, deberán bajar. ¿Hasta qué punto pueden destinarse más fondos de otros impuestos a pensiones?

Europa en su conjunto ha desarrollado un Estado del bienestar que es uno de los grandes activos que debemos valorar y proteger. Quizá la solución pase por un sistema mixto: garantizar una pensión mínima para todos, pues las rentas más bajas apenas tienen capacidad para generar ahorro, y complementar esta pensión con sistemas de ahorro que permitan garantizar un binomio de bajo riesgo y una mínima rentabilidad; siempre bajo supervisión y control para evitar fenómenos como el de las preferentes, que a tantos pequeños ahorradores han arruinado. Esto ya es así en muchos países europeos, en los que la parte de los ingresos de los jubilados que proviene de sus ahorros es muy superior a la observada en España.

En todo caso, la solución no es fácil e implica ajustarse a una realidad complicada. Todas las fuerzas políticas españolas deberían hacer un enorme esfuerzo para tener una actividad constructiva y no utilizar las pensiones como argumento y arma electoral. Nos jugamos el futuro de muchos.