Un TC insólito por su unanimidad

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contraria a la declaración soberanista de enero del 2013 no ha sido una sorpresa pero tiene componentes novedosos. Anula -no podía dejar de hacerlo si se cree que era algo más que un brindis al sol- el primer punto de aquel documento (aprobado con los votos favorables de CiU, ERC, ICV y CUP, la abstención del PSC y el voto contrario de PPC y Ciutadans) que declara a Catalunya «un sujeto jurídico y político soberano». Y es que el artículo 1.2 de la Constitución -que tuvo en Catalunya más apoyo que en el resto de España y el voto de CiU- dice que la soberanía reside en el pueblo español. Luego dice que, por ese motivo, una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referendo de autodeterminación para decidir sobre su integración en España, lo que cuestiona la posibilidad de la consulta planteada por el bloque soberanista del Parlament del 9 de noviembre.

Pero no se queda en un varapalo a Artur Mas -que lo es- porque el Constitucional también rechaza peticiones del Gobierno de Rajoy y señala la posibilidad del derecho a decidir si se procede por los cauces establecidos que obligarían a una reforma constitucional. Y esta vía de salida se debe a algo insólito. A que la sentencia ha sido unánime y ha forzado un pacto entre las sensibilidades del TC, en el que hay siete magistrados de signo conservador y cinco progresistas; dos de estos, catalanes y respetados por el catalanismo (el antiguo magistrado del Supremo Joan Antoni Xiol y la catedrática de Derecho Civil propuesta por el Parlament con apoyo de CiU, Encarna Roca). Y el pacto -nunca se dio cuando el PP estaba en la oposición contra el Estatut- se articula en que los progresistas aceptan que el artículo 1.2 de la Constitución está ahí (absurdo negarlo) pero se admite la posibilidad de la consulta y el derecho a decidir. Es más, el TC afirma que cuando una comunidad quiere cambiar su relación con el Estado, la solución no es primar lo jurídico porque estamos ante un problema político que hay que resolver a través del diálogo y el pacto.

El TC cierra la puerta al unilateralismo que tienta a la política catalana, pero la Constitución tiene un camino para llegar al derecho a decidir. Por la vía Rubio Llorente o por otra. No ha sido, al menos hasta ahora, la posición del PP, y un destacado jurista que conoce bien por dentro el TC me decía ayer que algunos magistrados conservadores deben de haber sudado sangre antes de avalar el acuerdo. Por el contrario, Pere Navarro estaba ayer relajado porque el TC ha abierto la puerta explícitamente a la consulta pactada a través de la reforma constitucional.

¿Y ahora qué? Artur Mas dijo ayer que no renunciaba a su hoja de ruta y que a cada obstáculo que surja se le encontrará la solución. Voluntarismo puro, porque hasta ahora pasa lo contrario. La estrategia de ignorar al Gobierno de Madrid y dar pasos unilaterales tiene aún recorrido, pero se acerca el día en que habrá que optar entre frenar en seco, y quizá ir a elecciones anticipadas, o saltarse las promesas -en las que insiste más Duran Lleida- de respetar la legalidad. En ambos casos (más en el segundo), el peligro de enfrentamiento e inestabilidad no ayudaría a salir de la crisis económica, política e incluso moral en la que vivimos.