Un Gobierno infectado

La dirigencia gobernante tiene un virus o infección muy grave políticamente. Mucho peor que la hepatitis C. Hace diez años, al pasar el PP de mayoría absoluta a perdedor, escribí (perdón por la autocita) un artículo titulado 'La razón y el corazón', donde explicaba cómo, junto a otras causas, el partido gobernante había dirigido sus mensajes casi en exclusiva al bolsillo de los votantes (la España del suflé va bien, decíamos y creíamos) y había despreciado que hay gentes que votan por sentimientos, por emociones y con el corazón.

Perdido entonces el poder y recuperado ocho años después, este 2015 que iniciamos -y que supondrá el último año de esta etapa negra- va por los mismos derroteros. Si antes despreciaban el corazón de la gente, este tiempo de crisis les ha servido para sacar lo que llevan dentro: que a nivel de humanidad son igual a nada, sobre todo con quien más padece. En 37 años tuvimos gobiernos con más o menos aciertos y fallos (hasta ahora el peor era el de ZP), pero nunca en nuestra historia constitucional ha habido un partido con tan escasa sensibilidad humana y cuyo único interés es el poder y nada las personas.

Habrá electores que voten por razones económicas (serían abundantes para echarles). Otros votarán desde sus sentimientos y valores (y los motivos para despedirles son también grandes). Pero habrá también ciudadanos que votarán desde la rabia y la indignación, y otros desde el positivismo de quien crea que es posible cambiar el desastre de país que tenemos.

Hay un asunto reflejado ya en la opinión pública y que genera una movilización que está evidenciando la capacidad de reacción de -más allá de los afectados- una sociedad que asiste a la insensibilidad de un Gobierno ante la vida. Me refiero al tratamiento de los enfermos de hepatitis C. Es mucha la información que se está dando sobre el tema como para no repetirla. Pero hay que reflejar una opinión tanto de severa crítica y al mismo tiempo decir: ¡sí, se puede! La ciudadanía, narcotizada en algunos temas, amordazada en otros, no obstante es especialmente sensible reaccionando ante ciertos asuntos.

Fue la sociedad, particularmente la madrileña, muy firme en oponerse a los disparates de la privatización sanitaria. Aquello olía muy mal, y además de las restricciones de un derecho básico como es la salud, la privatización desatada por el consejero Lasquetty (hoy colocado en Guatemala) era solo negocio. La sociedad reaccionó y ahora la presión in crescendo hará que el Gobierno tenga que abrir la mano.

Hasta ahora, la inefable Ana Mato y su sustituto como ministro, Alfonso Alonso, mantienen que el tratamiento se dará «a quienes lo necesiten». El cinismo y la insensibilidad se mezclan. Esto significa, según los hechos, que solo se dispensará a quienes estén en un estado ya gravísimo. Además, gran parte de ellos se contagiaron en transfusiones o inyecciones en el sistema público, cuando el control era muy escaso.

Es evidente que, pudiendo ser una enfermedad que acaso sea compatible con una vida aparentemente normal, va en todos los casos haciéndose crónica y generando resultados fatales traducidos en cáncer hepático o cirrosis irreversible. Cada día mueren 12 personas por ello y cada día muchas personas infectadas pasan a una fase que anticipa algo irremediable ya a corto plazo.

Pues bien, como el coste del fármaco ya descubierto es muy alto (60.000 euros), el Gobierno ha decidido que solo una ínfima minoría, los que están en un estado ya muy grave y casi marginal, va a poder acceder a él. ¡Los demás, que se mueran después!

Este es un Gobierno en el que la expresión fuerte con los débiles y débil con los fuertes es evidente. Tras el rescate de bancos y cajas, no impusieron que facilitasen créditos a inversores. En el asunto de la hepatitis C pasa algo parecido. La industria farmacéutica es voraz y su interés investigador es solo económico, para sus beneficios. No debe escandalizarnos. Pero sí que el Gobierno de los ciudadanos no haga amago de forzar a esa industria a negociar para que baje un precio tan desorbitado, con el que antepone su exclusivo interés capitalista salvaje a un derecho básico.

El Gobierno puede y debe hacerlo. Está obligado constitucionalmente a dar prioridad a la salud y éticamente no puede actuar como hasta ahora, permitiendo que miles de españoles estén traspasando el umbral hacia una enfermedad mortal. El hecho de que estemos en año electoral quizá le fuerce a un cambio de actitud, y tal vez si no negocia con la empresa farmacéutica titular de la patente tenga que hacer un esfuerzo económico para ampliar muchísimo la base de los beneficiarios. En otro caso, la presión ciudadana le hará doblar la cerviz. Pero ¡sí, se puede! Esta es una movilización de todos.