LA CLAVE

Un Estado normal

La infanta Cristina, arriba, a la izquierda, en el banquillo de los acusados, en la sala de Palma.

La infanta Cristina, arriba, a la izquierda, en el banquillo de los acusados, en la sala de Palma. / periodico

ALBERT SÁEZ

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Es un error hablar de construir un "país normal" porque los países los conforman las personas y no los políticos desde las instituciones. Deberíamos aspirar, unos y otros, a vivir dentro de un "Estado normal". Unos poderes públicos que combinaran al menos tres elementos: calidad democrática, transparencia y meritocracia. Las urgencias de la transición dejaron muchos atajos que el tiempo ha convertido en autopistas por las que circulamos soslayando que se construyeron sin planos, sin información pública y sin certificaciones de calidad. Nos pasa con la monarquía de la que muy pocas veces se debate en los diarios, en las redes o en el Parlamento. La inviolabilidad de la jefatura del Estado -protegida en toda constitución democrática- se convirtió gracias al gran tabú del 78 en una capa de silencio y de vasallaje que amparó finalmente los desvaríos de Urdangarin y su avispado socio, Diego Torres. Hasta ahí, todo se puede entender por el contexto. Lo que no se entiende es que, adentrados en el siglo XXI, la fiscalía y la abogacía del Estado renuncien a acusar a quienes el juez señala como posibles responsables del desfalco del caso Nóos, en este caso la infanta Cristina, en virtud de una sentencia hecha a medida de uno de los grandes banqueros de la transición. Y lo que todavía se entiende menos es que ningún grupo parlamentario haya planteado pregunta alguna sobre esa posición de la fiscalía al Gobierno de quien depende jerárquicamente. Un estado, muy normal como se ve. 

LAS ÓRDENES

Tan normal como la declaración del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en plena sesión de investidura del nuevo 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, para afirmar que "he dado órdenes para que se respete el Estado de derecho". Los políticos y el resto de las personas siempre que hacemos una afirmación debemos preguntarnos si es verosímil la contraria: "He dado órdenes para que no se respete el Estado de derecho". Una barbaridad derivada del hecho de que el respeto al Estado de derecho en una democracia no pude depender de ninguna orden 'política'. Todo muy normal, como es evidente.