Análisis

TTIP: ¡por favor, transparencia!

Los ciudadanos tienen derecho a que no se les hurte un debate en el que les va la vida

Pere Vilanova

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El TTIP se puede analizar desde varios ángulos. Por supuesto, desde una perspectiva macroeconómica, y no solo en términos bilaterales transatlánticos (Unión Europea-Estados Unidos) sino por su impacto a escala global. Y aquí muchos expertos glosan las excelencias de un acuerdo del que no sabemos prácticamente nada. Pero después de cinco años de crisis los ciudadanos han aprendido (a un alto precio) a ser desconfiados con las cifras macroeconómicas, porque a menudo responden a parámetros que no muestran mucha preocupación por las personas.

Las potenciales ventajas de este acuerdo tienen que ver con el estímulo al comercio global, las políticas de inversiones, la eliminación de barreras innecesarias (arancelarias o de otro tipo), etcétera. Ya hemos visto, por cierto, que determinados sectores económicos y de opinión descalifican cualquier signo de desconfianza o recelo ante tantas bondades del TTIP y tildan a quienes la expresan de ilusos, adanistas (curioso insulto de reciente cuño) o «perroflautistas». Pero los ciudadanos tienen derecho a que no se les hurte un debate en el que les va su vida y la de sus hijos y nietos. Y este debate brilla por su ausencia. La mayoría de críticas bien construidas no se centran en negar la utilidad de un tratado, ni su necesidad en un mundo cada vez más convulso. Se centran en el cómo del debate, su opacidad, su falta de transparencia, en el modo en que el Parlamento Europeo está haciendo oír su voz (con nulo éxito en el seno de la UE).

La Comisión ha mantenido una política de transparencia cero en este tema desde el primer día, con el apoyo tácito de la otra parte (Estados Unidos), y están en juego varias cuestiones vitales. Por ejemplo, como denuncia el think tank Atlantic-Community.org, «las negociaciones sobre el TTIP se están conduciendo como si se tratase de un negocio privado entre particulares». Y pone el dedo en la llaga al decir que el acuerdo se ciñe, en cuanto a regulación pública, a la agenda de las grandes empresas multinacionales, y que margina a los parlamentos nacionales y a los estados en cuanto a su capacidad reguladora y legislativa.

Resulta muy indignante que no se nos explique bien el tema de las jurisdicciones en las que resolver diferencias y litigios, porque de lo que se trata es de construir un instrumento supranacional especial que garantice los intereses de las corporaciones frente a normativas estatales calificadas de «obsoletas». Un «tribunal económico arbitral» supraestatal que estaría por encima de los parlamentos y de los sistemas judiciales de cada país. No es casual -y es chocante- que el Congreso de los Diputados español haya rechazado un debate sobre esta cuestión. Será que no es relevante para los ciudadanos españoles. No digamos ya el Parlament de Catalunya, tan instalado en el 27-S y cuyos partidos, soberanistas o no, a día de hoy no parecen tener nada que decir sobre el TTIP. Si estos temores se confirman, esto se parecerá a «la lucha final», pero no contra el capital sino contra los restos de lo que queda del Estado del bienestar. ¿De verdad que no debería la llamada sociedad civil global estar un poco más alerta?