Trucos de trilero en la aparente reforma fiscal

Si alguien duda de que las apariencias engañan, solo tiene que ver como ha vendido el Gobierno la reforma fiscal. De entrada, la propia palabra reforma queda en entredicho porque se trata mucho más de subidas o bajadas de impuestos que de un cambio de los mismos. El modelo sigue igual, se retocan algunos tributos, se demuestra que el impuesto sobre la renta (IRPF) baja para todos, pero se obvia o se disimula que lo hace mucho más para los contribuyentes con muy pocos ingresos y para los que están en la parte más alta de la escala. Los vecinos del medio del edificio fiscal siguen siendo los menos beneficiados por los retoques.

La presentación de la reformilla recuerda los trucos de los trileros: se mueve la bolita a su manera y se hace creer al ciudadano que podrá ganar fácilmente, pero al final lo que obtiene en las primeras jugadas lo pierde con creces en las siguientes.

El viernes 20 de junio, el discurso gubernamental era el de las rebajas fiscales y poca cosa más. Todo muy bonito y para todos. Dos días después, el lunes 23, cuando publicó la letra pequeña de los retoques, se pudo ver la cara menos amable de los cambios, que en parte habían avanzado algunos medios, como la nueva tributación para los despidos a partir de 2.000 euros por año que publicó EL PERIÓDICO unas semanas antes. El viernes, ni el ministro Montoro, ni ninguno de los miembros de su equipo, soltó una palabra sobre este punto. El lunes siguiente, la sorpresa fue leer que el primer artículo del anteproyecto que reforma el IRPF es, precisamente, el que modifica las indemnizaciones y que obliga a cotizar a todas las que superen el límite de 2.000 euros por  año.

Sindicatos y bufetes de abogados coinciden en que esta norma incrementará la conflictividad a la hora de pactar regulaciones de plantilla. Pero, además, el anteproyecto prevé en uno de sus artículos (el 89) que esta medida se aplique a partir del 20 de junio del 2014, es decir con carácter retroactivo. Y, a la vez, en la disposición final se establece que toda la ley entrará en vigor el 1 de enero del 2015, con una excepción, el punto dedicado a las indemnizaciones, que entrará en vigor «el día siguiente de su publicación en el BOE», posiblemente el próximo octubre . Un baile de fechas en un tema tan sensible como un despido.

A nadie le puede extrañar que al final, hasta un exdirector de la Agencia Tributaria de la época de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo, considerase que puede ser inconstitucional el carácter retroactivo de la medida. Como en otros temas relacionados con el empleo, el Gobierno crea un conflicto que acabará en los tribunales, pero que mientras no se resuelve dejará en peores condiciones que las actuales a muchos trabajadores.