Truco y trato

Cualquiera de nosotros sabe que hacer obras en el baño o la cocina acaba costando más de lo que estábamos dispuestos a gastar. Si en la vida civil a los particulares nos ha ocurrido eso y hemos aceptado la falta de seriedad en los plazos y el escaso cumplimiento del presupuesto, no debe extrañar que la obra pública haya sido en este país un cachondeo cuya deuda dejaremos en herencia a nietos y bisnietos. Añadan a esa forma colectiva e indolente de funcionar la facilidad con que se han corrompido los que han estado en los aledaños de grandes construcciones públicas y tendremos la foto fija del desastre nacional.

Es verdad que los imprevistos aparecen en todas las obras mundiales de ingeniería compleja. El túnel del canal de la Mancha, por ejemplo, tuvo un coste final cuatro veces superior al adjudicado. Pero  no podemos negar que España ha tenido una querencia bochornosa por el trapicheo, el pelotazo, las comisiones y la chapuza. Una constructora que aspirase a llevarse una licitación importante tenía que asegurarse de que su oferta fuese la más barata para dar coartada a quien debía escogerla. Las partes ya contaban con que a la cifra inicial habría que añadir la que expresamente se ocultó para aparentar ser la propuesta más competitiva. Y lo más importante, el coste de engrasar a la insaciable cadena de corruptos.

Es inevitable pensar que la empresa Sacyr ha exportado, además de la buena ingeniería, un modelo de comportamiento marca España que a las autoridades de Panamá les ha irritado hasta romper la baraja. Este año se cumple un siglo de la inauguración del canal que une dos océanos, efeméride que los panameños deseaban celebrar con una ambiciosa ampliación que permitiese el paso de los gigantescos buques modernos. Se convocó un referendo en el 2006, Panamá dijo sí y al panal de rica miel acudieron las constructoras más importantes del mundo.

Un seguro de 200 millones

Una obra de esta envergadura es una estrella de muchas puntas en cualquier solapa empresarial. Alemanes, japoneses, chinos y norteamericanos pujaron por el goloso concurso público, pero cometieron el error de presentar ofertas mucho más caras que la del grupo que lideraba Sacyr. O sea, los demás ya contaban con los imprevistos que ahora la constructora española aduce para pedir 1.600 millones más, el 50% adicional del coste que figura en el contrato. El Gobierno español avaló un seguro de casi 200 millones que, si se rompen las negociaciones, habrá que sacar del monedero de todos por más que Guindos diga que hay que minimizar el impacto en las cuentas de los contribuyentes. Tras el sector bancario, ¿habrá que socializar también los agujeros de todo el Ibex 35? ¿Estos señores creen que los contratos son como los programas electorales? Mientras, la autoridad del canal de Panamá insiste: con truco no hay trato.