Tres hipótesis para Catalunya

Dos convulsiones en dos años en idéntica fecha parecen haber hecho tambalear los escenarios políticos convencionales a los que los economistas catalanes solemos referir nuestros análisis. La política ante la economía como condicionante de su desarrollo: algo que gusta mucho a unos y complica la vida a otros. Tres son los escenarios posibles en los que es probable que los agentes deban enmarcar sus previsiones.

El primero, que el Gobierno se ponga las pilas a instancias de fuera (dentro, los hooligans propios y el comportamiento de la oposición no lo permiten) y haya una nueva oferta de encaje a Catalunya. La propuesta será, cómo no, de financiación (gradual y aprovechando que «la revisión quinquenal ya toca en cualquier caso»), y aunque ahora parezca imposible es probable que incluya la bilateralidad y una aproximación al concierto vasco. La bilateralidad se entenderá como una vía que se abre para salir del régimen ordinario de relaciones que prevé la LOFCA, porque nadie duda hoy de que Catalunya no es una más de las 17 comunidades. Y lo que deberá dársele para mejorar su financiación (incluso el PP catalán reconoce esta necesidad) no se podrá homologar y extender al resto, ya que esto encarecería enormemente el coste total. Y endeudamiento y déficit son todavía hoy líneas rojas.

Por otra parte, es tan notorio que el sistema de concierto es insolidario y son tan escandalosas las diferencias que provoca (incluso el PP y el PSOE, que ya no mandan en el País Vasco, lo reconocen ahora), que es probable que en la renegociación de la cuota en la que se basa se intente bajar el techo foral, de modo que se pueda decir que el suelo catalán mejorado se parece ya al de los vascos.

Con esta bilateralidad y esta casi foralidad, los componentes básicos de lo que fue el pacto fiscal recientemente propuesto por el Govern al Gobierno, el marketing de la operación puede acabar haciendo plausible la propuesta. Faltaría la Agència Tributària Catalana, claro está, pero no tengo dudas de que una fórmula consorciada suficientemente ambigua permitiría al Gobierno  justificar ante los suyos que no pierde la llave, y al Govern, que ya dispone de la caja: eso aliviaría los problemas de las empresas que no se quieren ver en la disyuntiva de dónde pagar sus impuestos. Los partidos del derecho a decidir, en este escenario, se pueden desunir, y si no lo hacen y siguen adelante con un sucedáneo de consulta el resultado podría dar fácilmente una negativa a la secesión. Un resultado que Convergència quiere evitar a toda costa, pero no ERC, que piensa que la vía quebequesa quedaría en cualquier caso abierta.

El segundo escenario, bien articulado y argumentado por el politólogo Josep Maria Colomer, consistiría en un contexto en el que se alarga la situación actual y nos lleva a un final sin referendo ni consulta. El Gobierno espera probablemente que eso suceda, y de ahí la táctica que parece seguir. Y el Govern no tiene claro que tenga suficiente músculo para marcar los tiempos y dirigir un proceso que la Assemblea Nacional Catalana  le ha quitado ya de las manos. Se acabarían confrontando así la propuesta de elecciones plebiscitarias y la de una declaración unilateral urgente por parte del Parlament. Y en ese caso, a pesar de la voluntad expresada por el Govern, es probable que no se llegase al final natural de la legislatura y, efectivamente, hubiera que celebrar, con las divisiones habituales, elecciones anticipadas con un resultado que no se podría entender como plebiscitario. De modo que, pasadas las elecciones, ya nadie se atreviera, por falta de legitimación, a una declaración unilateral de independencia desde el Parlament, lo que haría imposibles, por tanto, las salidas inicialmente postuladas.

El tercer escenario es el del choque de trenes, el conflicto, las amenazas, la gente en la calle y una cierta ruptura de la convivencia.

Dada la aversión al riesgo de la economía y el temor a perder los preciados bienes de la convivencia, el primer escenario es ahora el más probable, el segundo es claramente a evitar -ya que en él todos perderíamos- y el tercero significa una incógnita por las nuevas convulsiones que comportaría. Vale la pena, pues, señalar algunos extremos. Principalmente, que el llamado pacto fiscal, tal como fue analizado en el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), es de contenido financiero, pero sobre todo de cambio institucional: es un paquete conjunto en sí mismo, requiere una nueva plataforma para la hacienda propia y mucho acuerdo y lealtad operativa. No es una propuesta más de financiación a tomar aisladamente como base de una nueva negociación que el Gobierno entienda que se puede limar, cepillar o desvirtuar y con la que se pueda jugar una vez más a las ambivalencias.