Tras tanta corrupción, ¿qué camino?

Durante  el último lustro la mayoría de los ciudadanos hemos tenido que sobrevivir a cuatro grandes problemáticas: el incremento exponencial del desempleo; los recortes masivos de las prestaciones del Estado del bienestar; el rescate con dinero público de una deuda bancaria fruto de la especulación y la irresponsabilidad de sus gestores; y el descubrimiento de que las élites políticas y económicas han evadido fortunas, han financiado formaciones políticas de forma fraudulenta y se han lucrado de manera indebida.

Es obvio que las cuatro cuestiones expuestas suponen, cada una a su manera, un grave pasivo para el funcionamiento de una sociedad razonablemente sana. Pero de todas ellas, la última -descubrir el engaño de las élites- es la que tiene mayor capacidad de erosionar el andamiaje democrático. Eso es así porque supone un golpe mortal a la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en quienes lo administran.

Una de las premisas básicas de un sistema democrático es que todo el mundo es igual ante la ley, y por lo tanto, cuando los ciudadanos se dan cuenta de que algunos de los mandatarios hacen trampas, el pacto de obediencia democrática queda gravemente herido.

Con eso no quiero decir que la mayoría de los políticos sean corruptos, nada más lejos. Comparto la tesis de Quim Brugué en su libro Es la política, idiota cuando afirma que en el ámbito de lo público (a pesar de su mala fama) hay muchísimas personas decentes, esforzadas y que velan por el bien común. Sin embargo, la acelerada irrupción de informaciones sobre la financiación ilegal de partidos -como el caso Gürtel-, el desvío de fondos para sostener redes clientelares -como los ERE de la Junta de Andalucía- y el enriquecimiento ilícito de personalidades políticas -como los casos de Matas, Fabra, Camps, Urdangarin o Pujol- ha hecho que la mayoría de los ciudadanos empiecen a percibir que quienes han gozado de poder no han velado por el interés general sino por el suyo particular y propio.

Precisamente por ello hoy la ciudadanía experimenta una sensación de fin de ciclo o de fin de régimen y se cuestiona, por ejemplo, si vale la pena ejercer cabalmente el deber cívico de pagar impuestos, ya sea el IRPF o el IVA, o si es mejor hacer trampas. Si las cosas continúan como ahora puede ocurrir que nuestros conciudadanos se asemejen a los de Argentina, Brasil, Centroamérica o México en la creencia de que «los políticos solo piensan en sus intereses independientemente del partido que representan», según indican las encuestas de Latinobarómetro o de LAPOP. A raíz de ello, hoy muchos de los ciudadanos de América Latina opinan que evadir impuestos, saltarse la ley o aprovecharse de la cuota de poder de que disponen es legítimo y razonable. Es más, muchos de ellos piensan que no hacerlo es errar o, como se dice en México, ser pendejo.

Hasta hace poco, en nuestro país la gente común no solo ha cumplido con las leyes sino que generalmente se ha enorgullecido de hacerlo. Obviamente, ha habido excepciones, pero los evasores generalmente han sido repudiados y nunca han sido vistos como pillos simpáticos. ¿Pero qué va pasar a partir de ahora, cuando toda la ciudadanía se ha percatado de que muchas de las élites del país se aprovecharon de su posición de privilegio para saltarse la ley? ¿Qué van a pensar los cívicos contribuyentes cuando incluso Jordi Pujol, tan dado a hacer de la moralidad bandera, ha confesado que tenía una carta (quizá una baraja) en la manga? ¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos que sean ejemplares cuando se percibe que quienes predican no lo son? En política, cuando se evapora la autoridad solo queda recurrir a la fuerza, la presión o el engaño generalizado.

Algo semejante ya ocurrió en Italia a finales de los años 80 e inicios de los 90. En ese periodo, a raíz de la investigación  de un caso de corrupción inmobiliaria en Milán quedó al desnudo un sistema de clientelas, parentelas y corruptelas -que se bautizó como Tangentopoli- que terminó por llevar a los tribunales al 67% de la clase política. En ese contexto se derrumbó el sistema de partidos tradicional (que existía desde 1948) y emergió -¡oh, sorpresa!- Silvio Berlusconi. ¿Qué va a ocurrir ahora en España? Nadie tiene la respuesta, pero es importante que la ciudadanía tenga la capacidad, por un lado, de distinguir el grano de la paja en la clase política actual; y por otro, de generar alternativas políticas sólidas y creíbles (¿quizá Guanyem o Podemos?) que supongan una verdadera regeneración. Si no, nos vamos directos al espectáculo berlusconiano o a la democratización de la corruptela (que cada uno robe y evada en la medida que pueda) como ocurre en algunos países de América Latina. ¡Ahí es poco!