¿Y la transparencia del Gobierno?

"Para que un presupuesto sea creíble, no solo tiene que ser cierto sino parecerlo". Esta expresión es válida para ser aplicada a la información de las cuentas públicas. Un presupuesto público no solo debe responder a la realidad sino que debe mostrar que la información contenida en él es veraz. Ello no sucede así con el presupuesto de la Seguridad Social del programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para el 2016 presentado por el Gobierno para su trámite parlamentario el pasado 31 de julio. El presupuesto adolece de la mínima información necesaria para estimar el gasto (¿olvido?) que ha de financiar la Administración General del Estado (AGE) a las autonomías a través del nivel mínimo (*). Es toda una sorpresa ver que, a lo largo de la memoria de la Seguridad Social relativa a dicho programa, no aparezca el número estimado de beneficiarios para el año 2016, sobre los que se debe calcular el presupuesto.

Según los manuales de Hacienda Pública, un presupuesto es una estimación del gasto de un determinado programa/s en un periodo de tiempo determinado. La credibilidad de un presupuesto es mayor cuanto mejor sea el ajuste de las cifras previstas (presupuesto inicial) con las finales (presupuesto final). No se pretende que una previsión cuadre al céntimo con la realidad al final del ejercicio, pero al menos que se conozcan de antemano las cifras aproximadas  sobre las que se confecciona la previsión del gasto. No es suficiente conocer que el presupuesto que el programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para el 2016 destina para el nivel mínimo sea por un importe de 1.162,18 millones de euros, sino que también es necesario conocer cuántos beneficiarios se han tenido en cuenta.

¿Es difícil prever el número de usuarios?  La variable más compleja de predecir es el número de personas con dependencia moderada (grado 1) que entrarán  en el sistema en el 2016 después del parón de tres años impuesto por el Gobierno (julio del 2012 a julio del 2015) a través de la ley 20/2012, que recortó gasto público y los derechos de los usuarios.

El Gobierno no puede aducir desconocimiento del número de personas beneficiarias del sistema. Por una parte, las autonomías proporcionan mensualmente información al SISAAD (sistema de información estadística) sobre un conjunto de datos que abarcan desde el número de solicitudes hasta el número de personas con prestación. Y por otra, el Libro Blanco de la Dependencia cifró en 648.000 las personas con dependencia leve (grado 1), por lo que no es descabellado pensar que en el 2016 estén en el sistema alrededor de dos terceras partes del total, es decir, unas 430.000 personas.Por lo que se refiere a los beneficiarios con dependencia moderada y gran dependencia (grados 2 y 3, respectivamente), no parece que vaya a haber muchas sorpresas si nos atenemos a la estabilidad en los promedios anuales de los dos últimos años (646.800 en el 2013 y 644.800 en el 2014), a no ser que se produzca un aumento por la demanda contenida durante estos años de restricciones presupuestarias. Por ello, es incomprensible que el Gobierno oculte la cifra de personas beneficiarias sobre las que ha calculado el presupuesto para el 2016.

Es evidente que la cuantía del presupuesto puede variar según el número de beneficiarios previstos, y es cierto que, al ser las prestaciones de la dependencia un derecho delos ciudadanos, el Gobierno tiene la obligación de cubrir los déficits presupuestarios con suplementos de crédito antes de finalizar el año. La evidencia muestra que el Ejecutivo asiduamente ha dispuesto suplementos de crédito que van  desde los 202 millones de euros en el 2011 hasta los 54,68 millones en el 2014. Así, aunque un presupuesto siempre es una previsión, eso no es obstáculo para proporcionar la información mínima necesaria para su justificación.

A pesar de que la financiación del nivel mínimo está garantizada por ley, la falta de transparencia informativa sobre un aspecto tan básico como el número de personas beneficiarias puede llevar a pensar que hay otras razones no explícitas que han conducido al Gobierno a no informar sobre los pilares sobre los que se ha construido el presupuesto. La transparencia informativa es una pieza fundamental para la credibilidad de las cuentas públicas.

(*) El nivel mínimo es un importe por persona beneficiaria con prestación según su grado de dependencia..