Tiempo de descuento

En ninguna disposición constitucional se contempla que el Rey tenga que abrir ahora una nueva ronda de consultas con los partidos políticos para constatar si algún candidato puede ser investido presidente del Gobierno. En realidad, desde que propuso a Pedro Sánchez para que intentara la investidura -después del rechazo de Rajoy -, los plazos empezaron a correr, de modo que, como prevé el artículo 99.5 de la Constitución, si en el transcurso de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones. Con la propuesta formal de un candidato, el Rey ya desbloqueó el procedimiento y desde entonces sabemos que si nadie es capaz de construir una mayoría alternativa, el 26 de junio habrá nuevas elecciones26 de junio nuevas elecciones.

Sin embargo, el Rey ha decidido entrar en escena y ha movido ficha. Ha irrumpido sin necesidad, puesto que el mecanismo electoral se iba a activar automáticamente. Pero, ¿por qué lo ha hecho? El Rey no intervino después del fracaso de la primera investidura de Pedro Sánchez. Optó por no abrir una nueva ronda de consultas. E hizo bien: se circunscribió a su posición institucional y se alejó del debate partidista, dejando en manos de la política la capacidad de articular una nueva mayoría, puesto que no figura entre ninguna de las funciones que se le atribuyen la de intervenir en el debate para forjar un acuerdo.

Su función debe limitarse a proponer candidato una vez oídos los grupos políticos, y esa propuesta tiene que ser una mera formalidad, no puede ser una decisión discrecional. El Rey debe «limitarse» a proponer al candidato que le ofrezca garantías de construir una mayoría suficiente para superar el debate de investidura, porque los actos del Rey son «debidos».

CONFIRMACIÓN CERTERA

Entonces ¿por qué interviene ahora? En primer lugar, una vez se ha confirmado, política y mediáticamente, la ruptura de las negociaciones entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, es muy relevante desde el punto de institucional que el Rey constate esa imposibilidad real de construir mayoría alguna. Llegados a este punto es importante que nada quede a expensas ni de la especulación, ni de la interpretación interesada, del presente y para la historia.

Según el artículo 99.5, el Rey, con el referendo del presidente del Congreso, tiene que disolver las Cortes y convocar elecciones. Por eso es bueno que antes de hacerlo, aunque sea la primera vez en nuestra corta historia democrática, los partidos verbalicen expresamente, en sede institucional, no solo mediática, que ha sido imposible construir cualquier mayoría. Es muy probable, incluso, que cambien el lenguaje empleado, y hasta los motivos alegados, y estos son los que quedarán para la historia. Si hay que convocar nuevas elecciones debe hacerse con la confirmación certera de que la aritmética parlamentaria y los condicionantes políticos actuales la han impedido. En otras palabras, el Rey quiere levantar acta de la sesión y certificar que ningún candidato tiene los apoyos suficientes.

Pero la intervención del Jefe del Estado tiene otra virtud que, aunque no esté escrita, es determinante. Con su movimiento, el Rey acorta los plazos del proceso. Sin su intervención, la fecha límite para conseguir una investidura habría sido el 2 de mayo. Cabía la posibilidad de apurar hasta el último segundo para encontrar una solución (como sucedió con la elección de Carles Puigdemont como 'president' de la Generalitat), alargando una falsa incertidumbre. Anunciando que la próxima semana va a llamar a consultas a los líderes políticos, provoca dos efectos: primero, que si alguien puede construir una mayoría de gobierno, lo haga antes de esa reunión porque, de lo contrario, no va tener otra posibilidad; y, segundo, que si nadie consigue articularla, quede inaugurada la campaña sin necesidad de esperar hasta que se agote el plazo.

MOCIONES INÚTILES

Y eso es muy importante porque durante todo este tiempo (casi dos semanas) vamos a librarnos de debates parlamentarios estériles con votaciones de mociones y resoluciones que, aunque puedan tener una base ideológica, son puro tacticismo, una suerte de proclamas cruzadas sin destinatario final y de imposible cumplimiento: el Gobierno está en funciones y lo único que pueden hacer estas iniciativas es generar falsas expectativas, puesto que la correlación de fuerzas no se corresponde ni con el Gobierno en funciones ni con el que pueda surgir en las próximas elecciones. Además, cualquier acuerdo al que ahora pueda llegarse tiene una vigencia limitada: va a decaer en cuanto se disuelvan las Cortes.

Bienvenida sea pues la consulta real, aunque solo sea para desenrocar. Que cada cual vaya preparando sus argumentos para la cita. Y que cada uno empiece a ocupar sus posiciones de combate.