¿Tenía razón el 'conseller' Baiget?

El grupo de Junts pel Sí hizo entrar en el Parlament el 31 de julio con gran pompa (la firma de todos sus diputados menos cuatro) la ley del referéndum. Tras cambiar el reglamento y habilitar la Cámara a partir del 15 de agosto y con la intención de aprobar la ley antes del 1 de septiembre. Quedaría entonces un tiempo ridículo de un mes para preparar el referéndum del 1-O y la obligada campaña.

Pero Carme Forcadell no puso el asunto en el orden del día de la mesa de ayer. Y, más extrañamente, tampoco lo hizo en la reunión e incluso alegó que era debido a la complejidad de la ley y a que quizá los grupos parlamentarios que la habían instado finalmente no la presentaran. Tiene su razón porque el diputado de EUiA Joan Josep Nuet, un verso suelto, afirmó que la ley de marras es un triple salto mortal. El problema es que JxSí puede retirar la ley, pero lo que no puede hacer la presidenta es negarse a tramitarla.

¿Cuál es la razón de este sudoku jurídico que suena a marcha atrás, al menos aparente? Solo veo tres que deben ser acumulativas. Primera, impedir que la oposición pueda presentar un recurso al Consell de Garanties Estatutàrias, cuyo dictamen -no vinculante- se presume negativo. Segunda, evitar que el Consejo de Ministros, tal como anunció Mariano Rajoy hace pocos días, recurra la admisión a trámite y pida al Tribunal Constitucional su inmediata suspensión. El Govern no podría así -salvo flagrante desobediencia- seguir preparando el referéndum. Tercero, que el separatismo, en su intento de liquidar sustituir el orden constitucional español -y el estatutario catalán- con una ley catalana de nuevo cuño, está jugando al ratón y al gato con el Estado. Y que Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría son más duchos en la materia que el Govern, que no ha logrado ni el visto bueno de los letrados del Parlament.

Las opciones

¿Qué va a pasar ahora, teniendo en cuenta que Carles Puigdemont no quiere la marcha atrás y que, además, la CUP -envalentonada- tampoco lo permitiría? La mesa puede admitir la ley a trámite en las reuniones semanales del 22 o del 29. No parece lógico. ¿Por qué correr el riesgo de retrasarlo ocho o quince días cuando el tiempo se les echa encima? También podría aplicar torticeramente el reglamento (art. 81.3), cambiar el orden del día del primer pleno -se supone que el 6 de septiembre- y esperar una protesta masiva en la Diada tras la segura suspensión del Constitucional. O aprobar la ley de referéndum por decreto-ley. ¿Una ley de referéndum para la independencia por decreto-ley? El Gobierno español utiliza este instrumento, pero no para salirse de la Unión Europea (UE).

En todo caso, a un referéndum con estas coordenadas solo irían a votar los independentistas (como Artur Mas dijo un día y no repitió nunca) y como máximo se convertiría en una tentativa de repetir el 9-N del 2014. Algo de lo que el 'conseller' Jordi Baiget ya advirtió en julio en una entrevista de 'El Punt Avui' y por lo que fue cesado fulminantemente por PuigdemontPuigdemont.

El separatismo se ha metido por prepotencia en un lío tremendo (por no utilizar la popular frase) y no sabe cómo manejarlo.