Solución salomónica en Catalunya para una consulta hipotética

La solución acordada por los partidos soberanistas para celebrar una consulta en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 es tan inteligente como salomónica. Pero las fuerzas políticas que suscriben y festejan el acuerdo saben que ese referéndum no se llevará a cabo porque el Estado no lo autorizará.

La resolución del enigma de la pregunta es inteligente porque logra que todas las partes enfrentadas hasta ahora cedan algo en sus planteamientos y se evite así el ridículo mayúsculo que se hubiera producido si los impulsores del proceso soberanista hubiesen sido incapaces de pactar un enunciado.

Una doble pregunta o una pregunta encadenada es lo que ha servido para resolver el 'impasse' de las últimas semanas, en las que arreciaban las presiones de todas las partes para conseguir sus objetivos. "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?". Esta es la fórmula elegida, en la que las preguntas son claras e incluyen la palabra independencia, como exigía Esquerra Republicana (ERC), pero también permite otras opciones que el 'sí' o el 'no' a la independencia, como pedían Unió Democràtica (UDC) e Iniciativa per Catalunya (ICV).

Amplio, pero menos

El acuerdo es amplio, pero no tanto, porque ha sido suscrito por Convergència i Unió (CiU), ERC, ICV y la Candidatura de Unitat Popular (CUP), que suman 87 diputados de 135 en el Parlament, sin alcanzar, sin embargo, los dos tercios (90 diputados) necesarios para las grandes reformas legales, como la del Estatut, a no ser que se produzcan votos disidentes en el Partit dels Socialistes (PSC), lo que no es descartable.

Las opciones de lo que se ha llamado una pregunta inclusiva son tres: los partidarios del 'statu quo' deben votar no a la primera pregunta, los federalistas o confederalistas pueden votar 'sí' a la primera pregunta y 'no' a la segunda y los independentistas deben votar 'sí' a las dos. Si las preguntas son claras, no puede decirse lo mismo de los resultados.

Al ser dos preguntas encadenadas, en el hipotético caso de que la consulta se celebrara, el resultado podría ser similar a la paradoja de <strong>Condorcet</strong>. Supongamos que a la primera pregunta votara 'no' un 40% y 'sí' a tener un Estado un 60% y entre este segundo grupo los votantes de dividieran en un 40% contrarios a la independencia y un 60% favorables a ella. Pese a la aparente victoria independentista, esta no sería tal porque entre los partidarios de seguir como ahora y los favorables a la tercera vía (Estado federal o confederal sin secesión) serían mayoría.

Cualquier resultado, a no ser que una de las dos opciones opuestas obtuviera una mayoría abrumadora, sería, pues, difícil de gestionar. Lo saben, aunque no lo digan, los partidos soberanistas, satisfechos de un acuerdo que ya se califica de histórico porque nunca se había llegado hasta aquí, igual que saben, aunque no lo digan, que la consulta no se celebrará porque ni el Gobierno central ni el Congreso de los Diputados la autorizarán.

La fórmula legal acordada es la de que el Parlamento de Cataluña apruebe una proposición no de ley en la que solicite al Gobierno la transferencia a la Generalitat de la capacidad para convocar referéndums en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. En caso de que la Mesa del Congreso diera largas a la iniciativa, los parlamentarios catalanes en Madrid partidarios de la cesión de competencias presentarían la propuesta en el mismo Congreso de los Diputados, con el objetivo de ir más rápido.

Digan lo que digan los asesores de Artur Mas, que han encontrado hasta cinco fórmulas supuestamente legales para celebrar la consulta, mientras la soberanía nacional resida en el pueblo español y no pueda trocearse, como establece la Constitución, no hay manera de convocar legalmente un referéndum de autodeterminación solo en una parte del territorio.

Porque es cierto que el artículo 150.2 permite la cesión de competencias --así se traspasó la gestión del tráfico viario a Cataluña, por ejemplo--, pero no de una competencia que fracture el concepto de soberanía nacional. Cualquiera que no se engañe sabe que no es lo mismo transferir el tráfico que la soberanía.

De ahí que la única manera de sortear ese escollo legal sea la reforma de la Constitución votada por todos los españoles para diseñar un nuevo encaje de Cataluña en España, que podría posteriormente ser ratificado solo por los catalanes. Cuando se dice que no se trata de un problema legal, sino de voluntad política, se olvida que ningún Gobierno puede violar la Constitución impunemente. Tanto el PP y el Gobierno como el principal partido de la oposición, el PSOE, han expresado con rotundidad su oposición a autorizar la consulta.

A partir de ahora, se inicia un tira y afloja en el que lo más probable es que el Congreso rechace la cesión de competencias, el presidente de la Generalitat recurra a otras fórmulas y convoque la consulta, el Gobierno la impugne ante el Tribunal Constitucional y este la prohíba. El referéndum no se celebraría el 9 de noviembre de 2014 --buscado o no, en esa fecha se cumplen 25 años de la caída del Muro de Berlín-- y los partidos catalanes ganarían tiempo en espera de que de las elecciones generales de 2015 surgiera una nueva mayoría que permitiera ensayar otras iniciativas, como la reforma constitucional.

Día histórico

El acuerdo sobre la fecha y la pregunta ha coincidido con un aumento de la tensión política en las relaciones Cataluña-España debido a la celebración del polémico simposio titulado 'España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)'. Esta reunión académica, organizada por un organismo dependiente de la Conselleria de la Presidencia de la Generalitat y por el Institut d'Estudis Catalans, se descalifica más por su mismo título, en el que la preposición contra determina ya las conclusiones, que por la competencia de algunos de los ponentes. Nadie puede dudar de la capacidad y preparación intelectual del historiador Josep Fontana, por ejemplo, quien ha solicitado reiteradamente que se le juzgue por lo que diga y no antes.

Sin embargo, en esta carrera de despropósitos en que se ha convertido la situación política en Cataluña, el PP ha centrado sus críticas en Fontana, a quien Alicia Sánchez-Camacho ha acusado de promover la independencia mediante una guerra, cuando el historiador lo único que había dicho, precisamente para mostrar su escepticismo ante el proceso soberanista, es que las independencias se producen habitualmente tras una guerra, pero en absoluto había abogado por un conflicto bélico.

¿Es tan difícil centrar el tiro y no dejarse arrastrar por la demagogia? En este caso, era bastante fácil porque el polémico simposio ha sido criticado incluso por insignes propagandistas del soberanismo, aunque solo sea porque su celebración en estos momentos y su sesgado planteamiento no benefician al proceso, sino que, al contrario, lo perjudican.