Juancho Dumall Director Adjunto

Desde que el conseller de Economia confirmó el martes que la Generalitat iba a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, se ha subrayado la infeliz coincidencia de esa petición de rescate -todo lo blando que se quiera, pero rescate- con el debate sobre el pacto fiscal que, 24 horas después, se celebró en el Parlament. Porque parece contradictorio que a una solicitud de ayuda que supone someterse a cierta tutela de la Administración central siga una exhibición de soberanismo como es la reivindicación de una agencia tributaria propia y de una marco de financiación similar al del concierto que disfrutan vascos y navarros.

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Información publicada en la página 52 de la sección de Contraportada de la edición impresa del día 26 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Pocas veces como ahora se aprecia en la política catalana la notable distancia entre los grandes debates en torno al autogobierno y al encaje en España y la cruda realidad del día a día, que impone una agenda mucho más prosaica. Sería injusto, no obstante, proyectar la imagen de que los partidos políticos catalanes viven en su nube (en su oasis), ajenos a los problemas derivados de la crisis económica. El president Mas trató ayer de relacionar el problema, real, del déficit fiscal, con el no menos real de la asfixia financiera de la Generalitat: «Con la mitad del déficit fiscal, Catalunya no necesitaría recortes», sentenció.

Sentimiento a flor de piel

La afirmación, tan rotunda, alimenta sin duda el sentimiento tan a flor de piel entre las bases nacionalistas de que España en un mal negocio para Catalunya y la solidaridad con las regiones menos desarrolladas, una trampa que impide el desarrollo de la comunidad. Pasando por alto que la afirmación del president es discutible (los vascos tienen concierto, no han sufrido burbuja inmobiliaria, disfrutaron de unas cajas más eficientes que la catalanas, y sin embargo han tenido que hacer recortes), resulta desconcertante que mientras el conseller Mas-Colell admite que el único banco al que puede acudir Catalunya es el Gobierno de España, el Parlament vote una iniciativa de máximos, legítima, pero condenada a acabar en nada.