Soberanismo españolista

Llegó la fecha para que en el Congreso de los Diputados se diera la estocada a la proposición de ley orgánica de delegación en la Generalitat de la competencia para celebrar un referendo sobre el futuro político de Catalunya. No faltaron indicios ni antes ni durante el debate parlamentario de este 8 de abril de que tal era la intención del Partido Popular, secundado por el Grupo Parlamentario Socialista. Apelan al diálogo pero, si no se generan condiciones para que sea efectivo, la apelación no es creíble. En este caso, además, al diálogo se le han puesto dos obstáculos. Uno es el principio dogmático -así lo es, por mucho que esté en una Constitución refrendada democráticamente- de que la soberanía española es una e indivisible, cual si fuera atributo divino, aunque la realidad desmienta la supuesta soberanía de ese dios de la nación enaltecida. El otro es la decisión política -de eso se ha tratado, por mucho que se revista de la imposibilidad jurídica de lo contrario- de no consentir una consulta legal en Catalunya sobre su relación con España aduciendo que el referendo ha de ser para que se pronuncie el pueblo español en conjunto.

Regalo al independentismo

En el Congreso hemos visto un ejercicio de soberanismo españolista, trufado de dogmatismo y decisionismo, al que no le puede acompañar una razón crítica democrática ni una razón jurídica que viniera a ampararle con todas las de la ley. La consulta que solicita el Parlament de Catalunya se puede hacer como consulta legal, que no hay por qué identificar con convocatoria para el derecho a la secesión. Con esa identificación se regala un triunfo al soberanismo independentista catalán, del que también podríamos decir algo acerca de su deficiente laicidad.