Sin negociar, la solución será electoral

Por tercer año una gran y cívica manifestación -es irrelevante si más o menos numerosa- ha levantado banderas independentistas. Ya no se puede decir que es una protesta ocasional. Está claro que es un movimiento de fondo que crece con fuerza tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut que -¡ojo, Rajoy!- consagraba a Catalunya (nación) como parte de España.

En el 2012 Mariano Rajoy miró hacia otro lado y luego no ha hecho caso a un moderado (Duran Lleida) que exigía un pacto serio. Ni a alguien tan poco sospechoso como Rubalcaba que le urgía una reforma federal de la Constitución. Ayer quedó claro que limitar la respuesta política a exigir el cumplimiento de la ley (con la guinda de prohibir la presentación en Holanda de Victus, el libro de Sanchez Piñol) solo radicaliza los sentimientos.

Choque de trenes

Pero la Generalitat tampoco ha acertado. Por precipitación se ha comprometido a hacer una consulta que no va a poder realizar (pese a que se lo pida Esquerra Republicana y ayer también la Assemblea Nacional Catalana) salvo que se arriesgue a un peligroso choque de trenes y a una mala calificación en las cancillerías europeas. Hoy el diálogo, la negociación y el pacto entre los gobiernos de Catalunya y Madrid serían más necesarios que nunca.

Pero ni están ni se les espera. Pedir votar, vale. Pero los catalanes ya votamos en elecciones periódicas -que es como se solucionan los problemas en democracia- desde hace muchos años. Y nunca ha ganado un partido (o un frente) independentista, como si pasó en Escocia. Y la mayoría del pacto CiU-ERC es justa (y desaparece sin los diputados de Unió). ¿Iría eso a más (o a menos) en unas nuevas elecciones? Pero sin rectificación de Madrid y Barcelona la negociación se pospondrá hasta después de los procesos electorales catalanes y españoles (y de los dos resultados en Catalunya), lo que puede enervar todavía más el contencioso. Aunque lo peor sería un choque de trenes real (por error de cálculo) que únicamente podría tener consecuencias negativas para la convivencia y la recuperación económica.