Los recortes siempre vienen acompañados de excusas: «Nos los imponen los mercados, o Europa, o España». El otro siempre puede ser la coartada perfecta para sentirse impune ante las decisiones que se toman. Pero es importante no perder de vista que muchas de las decisiones (y por tanto de los recortes) que se han tomado tanto por parte del Gobierno de Rajoy como del de Mas lesionan el derecho a la salud. Los dos gobiernos son responsables ante la ciudadanía de lo que priorizan y de las medidas políticas que adoptan para reducir el impacto de las mismas en las personas. A lo largo de estos últimos años hemos observado algunos intentos de desprestigiar el sistema de salud público, orquestados por determinados sectores interesados en su privatización. Los recortes que se están produciendo, lejos de ser la solución, van a agravar los problemas que existen en la actualidad.

ALEX R. FISCHER

ALEX R. FISCHER

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Información publicada en la página 10 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 20 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

muchas ENTIDADES llevamos meses denunciando que estos recortes están generando situaciones en el ámbito de la salud pública cuyo impacto se verá a medio y largo plazo. Sabemos que las desigualdades sociales y sanitarias se agravan en momentos de crisis, pero las políticas de salud pública deben ser fundamentales para hacerles frente. Reducir estas políticas es abocar a la sociedad a más desi-gualdad y, por lo tanto, a una mayor vulnerabilidad, tal como recoge el reciente informe del Consejo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recomienda a España asegurar el acceso a los servicios sanitarios independientemente de la situación legal de la persona.

En este sentido, desde el Comitè 1r de Desembre, la plataforma que aglutina a la mayoría de oenegés de lucha contra el sida en Catalunya, trabajamos para denunciar esta situación. Entre las labores realizadas hubo una intervención ante el Parlament para pedirle al president Mas que «no diera la espalda» a las políticas de prevención del VIH, porque eso podría suponer que la epidemia se dispare y que las personas afectadas sufran una importante desatención. Las entidades hemos vivido un espejismo y, finalmente, las actividades financiadas por el programa del sida del Departament de Salut se han reducido en un 15%. Esta precarización de los servicios que ofrecemos se hace cada vez más evidente y se agrava por la falta de liquidez que supone no haber cobrado subvenciones ya concedidas por diferentes departamentos en el 2011, hecho que nos deja con pocas perspectivas de futuro.

Pero el tema de los recortes no es un problema corporativo de las oenegés del sida: es un ataque al derecho a la salud. Nos preocupa que, a partir del 2013 y con la nueva Agència de Salut Pública de Catalunya, se esconda una privatización de los servicios (tal como ha pasado en otras comunidades) cuyo resultado sea el empeoramiento de la sanidad y la vulneración de más derechos. Nuestro compromiso es trabajar con la agencia mano a mano para que prevalezca el modelo de trabajo comunitario.

Pero no circunscribimos los recortes exclusivamente a las subvenciones y a la atención sanitaria. Las políticas de prevención y atención del VIH suponen políticas de Estado del bienestar y, por tanto, deberían ser activas y garantizar derechos. Por este motivo nos indignan profundamente los recortes que ha aplicado la Conselleria de Justícia a las entidades de reinserción, puesto que colocan a las personas presas en un limbo de derechos y eliminan el carácter rehabilitador de las cárceles convirtiéndolas en establecimientos exclusivamente punitivos. Otro ejemplo claro es que se limitan las opciones de reinserción al eliminar los programas para regresar al mercado laboral, con lo que se abandona a las personas en peor situación de desigualdad, como las afectadas por el VIH.

Queremos señalar que el mayor atentado en la historia de la democracia contra el Estado del bienestar es el real decreto-ley 16/2012, porque no solo ahoga al sistema de salud, sino que establece un apartheid sanitario. Su aplicación supone el inicio de la descomposición de los derechos para convertirlos en privilegios. Si permitimos, por ejemplo, que las personas inmigrantes en situación irregular no puedan acceder a la atención o a los tratamientos antirretrovirales (u otros), estamos permitiendo un atentado contra los derechos universales. El conseller Boi Ruiz se ha comprometido a garantizar la atención sanitaria, pero quedan muchos flecos en esta garantía. Falta muy poco para que se aplique, así que vamos a velar para que cumpla su palabra.

PARA NUESTRA organización, la garantía de derechos, entonces, no es solo una cuestión del dinero que se destine, sino de dignidad en una sociedad que sigue generando mucha discriminación, exclusión y sufrimiento. El VIH/sida es un ejemplo de cómo las decisiones políticas violentan a las personas porque vulneran sus derechos, y la crisis no puede ser una excusa. Nuestro reto es contribuir a que este mundo sea más justo. Presidenta del Comitè

1r de Desembre.