El magistrado Santiago Pedraz ha archivado la causa criminal sobre las actividades presuntamente delictivas que los cuerpos de seguridad imputaban a los organizadores de la protesta del 25-S junto al Congreso de los Diputados. Sin fortuna ni fundamento, se daba a entender en esferas gubernamentales cierta similitud con el 23-F, todo debido al propagandístico lema Ocupemos el Congreso, que no fue más que un lema. El aluvión de atestados policiales imponía el criterio policial. Fruto de ello fue la insólita, por falta de cobertura constitucional, imputación preventiva, así como el mandamiento a los bancos que gestionaron las aportaciones para los viajes a Madrid de los manifestantes y otras actividades, todas ellas perfectamente legales.

LEONARD BEARD

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Información publicada en la página 7 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 09 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Vistos los hechos, el juez señaló que no eran competencia de la Audiencia Nacional, pues ningún atentado contra altos organismos del Estado había tenido lugar. Remitió las diligencias, por si fuere el caso de otros delitos, a la jurisdicción ordinaria, que las devolvió en un pispás a la Audiencia Nacional. Y esta, finalmente, analizado el caso y vistas las actas de la sesión del Congreso, donde consta la normalidad absoluta de la sesión del día 25-S, y la ausencia de ánimo golpista en los imputados, archivó la causa. De todo el auto, bien trabado, ha saltado a los medios una frase: la de «la convenida decadencia de la denominada clase política». Y el cielo ha caído sobre el juez Pedraz. Bien, más que el cielo, el desacato de algún lenguaraz que mejor hubiera hecho mirando a sus propias filas.

Reprochamos a la justicia -y en ocasiones no sin razón- que está alejada de la realidad. El artículo 3. 1. del Código Civil impone que las normas se interpretarán teniendo en cuenta, también, «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas». En un tema de indudable alcance político y social como es la protesta ante el Congreso, la referencia a la decadencia de la clase política, algo que con esa u otra denominación está en boca de todos, no parece ningún exabrupto.

Veamos: tenemos un Gobierno con mayoría absolutísima que no solo no ha cumplido ni una sola de sus vagas promesas electorales sino que ha huido en dirección contraria: sube impuestos a los que los pagan, amnistía a los defraudadores, hace pagar por todo como si hasta ahora hubiera sido gratis, insiste en obras inútiles… y desprecia, cuando no lamina, derechos democráticos y sociales. El principal partido de la oposición no sale de su postrada inoperatividad. Otros grupos gobernantes, como CiU en Catalunya, se decantan por la independencia nacional -secesión traicionera vista desde el centro- pese a ir del brazo en Madrid y Barcelona con el PP. Les une su doctrinario neoliberalismo recortador, plasmado en un paro sin freno y en centenares de desahucios diarios. Todo ello, sin mencionar la transversal corrupción política que atora los juzgados ni el secuestro que de la propia política hacen los apparatchiks -más que los aparentes líderes- de los partidos. La prueba es la inviabilidad del sistema electoral actual, que, por favorecer a los dos grandes, es mantenido contra viento y marea sin que el aire fresco que reclama la ciudadanía pueda llegar a los diversos parlamentos, cuyos integrantes empiezan ya a ser reducidos a encargados gratis total del control de la gestión pública.

Esta superficial revista de la decadencia de la clase política española no es fruto de sesudos estudios de think tanks internacionales que se venden a precio de oro. Cualquier observador medio, de casa o foráneo, lo ve. Y el juez, cualquier juez, también. La representación de la justicia con la venda en los ojos, alegoría de la imparcialidad, pudo estar bien en los albores del liberalismo. Pero con la propia letra de la ley en la mano, la venda ha de desaparecer, máxime cuando muchos de los temas que se ventilan ante los tribunales son temas cruciales en tiempos cruciales.

A la clase política, con notables excepciones en todos los partidos, sí le hace falta quitarse la venda de los ojos y constatar, como alguien ya ha explotado, que los peores tiempos, a lo mejor, dan los peores dirigentes. Contra el auto en cuestión, la clase política ha reaccionado con la boca más o menos grande como una casta privilegiada. Acostumbrada a la lisonja y a la reverencia, no entiende que alguien en contacto con la realidad pueda proclamar lo evidente: que el rey está desnudo. Huérfana en no poca medida de gallardía, lucidez y competencia, reniega de las críticas y se limita a poner medallas a los santos. Lo ratifican las declaraciones de María Dolores de Cospedal el sábado pasado, al hablar de la petición de rescate: «Será una decisión en beneficio del interés general y no política». Ante esta dicotomía, ¿quién puede evitar la calificación de «decadencia política»? Catedrático de Derecho Penal (UB).