Sartén

Cumplir a final de año con el límite del déficit asignado para cada administración pública, para que   la suma de todas ellas cumpla con el límite, cada vez más esotérico, asignado por las autoridades financieras globales (a estas alturas, que lo exija Juncker tiene el valor que le quiera dar), se ha convertido en un ritual de escaso sentido. Por si hay dudas, basta con leer la intervención de ayer del gobernador del Banco de España, Luis María Linde,  en el Senado o escuchar las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal  Montoro confirmando que, pese a lo que dice la ley, no habrá revisión de la financiación autonómica.

Del ministro y sus habilidades dialécticas ya está todo dicho. Más lamentable es ver un nuevo acto de sumisión al Gobierno del titular del banco emisor, quien parece confundir la autonomía de la institución que preside con la limitada capacidad de gobierno de las autonomías. Son estas las que han asumido el principal gasto social español, mucho más recortado que el del Estado central y sus funcionarios de élite, que siguen gastando por encima de su generoso límite autoasignado. Y encima ambos personajes reprenden a las comunidades por abrasarse. Ellos, que nunca han soltado el mango del poder absoluto.